El triple veto que el presidente, Javier Milei, aplicó a las leyes de emergencia del Garrahan, el financiamiento a las universidades y la redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias, enfrentará un desafío clave desde el miércoles, jornada que universitarios y médicos marcharán en Buenos Aires.
En la Cámara de Diputados, la oposición buscará rechazar la medida presidencial y ratificar las iniciativas que disponen más fondos para el emblemático hospital pediátrico y para el sistema universitario. Un día después, en el Senado, los bloques opositores buscarán repetir la estrategia, pero con los ATN que reclaman los gobernadores.
En la Cámara Baja, la sesión fue convocada para el miércoles por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, que aseguran tener los números para el quórum y para insistir con las leyes que el Congreso sancionó por amplia mayoría, pero el Presidente rechazó. El debate coincidirá con la tercera marcha federal universitaria que, con epicentro en las inmediaciones del Parlamento, se realizará ese día.
Un segundo round enfrentará al oficialismo y la oposición el jueves, cuando el Senado trate el veto a los ATN, una iniciativa impulsada por gobernadores.
Movilización de universitarios y médicos
Como modo de presión y estrategia para visibilizar el conflicto, los trabajadores del Hospital Garrahan y docentes de las universidades públicas realizarán ese miércoles por la tarde una movilización hasta Plaza de Mayo, en protesta por los vetos a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.
La consigna, repetida como un mantra, busca despejar cualquier equívoco: “Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos”. El mensaje apunta al corazón del conflicto abierto por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que había logrado una amplia mayoría en Diputados con 158 votos afirmativos, 75 en contra y 5 abstenciones, pero quedó a un voto de alcanzar los dos tercios necesarios. Ese umbral especial habría blindado la sanción e impedido que el presidente pudiera vetarla.
La norma vetada contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes frente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, además de un aumento progresivo del financiamiento hasta alcanzar el 1,5% del PBI. Junto con la norma universitaria, el Congreso había sancionado también la ley de emergencia del Hospital Garrahan, otro símbolo de lo público, que igualmente fue alcanzado por el veto presidencial. Y por el que también se marchará.
De acuerdo con el Ejecutivo, estas medidas incrementarían de manera desproporcionada el gasto público y afectarían la estabilidad macroeconómica, con perjuicios para los sectores más vulnerables. Así el texto oficial, anuncia que una expansión del gasto sin respaldo real “derivaría en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios”.
