Por Pablo Petrecca (*)
Nos dicen que la Provincia está en crisis.
Nos piden comprensión.
Nos piden solidaridad porque, según explican, la deuda del Gobierno nacional condiciona todas las decisiones.
Pero cuando llega el momento de decidir dónde ajustar, las prioridades aparecen con una claridad sorprendente.
No es la estructura política.
No es el gasto del Estado que no deja de crecer.
No son los privilegios de la política.
La primera variable de ajuste termina siendo un programa alimentario destinado a miles de chicos bonaerenses.
Entonces la discusión deja de ser económica.
Pasa a ser una discusión sobre prioridades.
El recorrido del Programa MESA parece resumir mejor que cualquier discurso la forma en que hoy se gobierna la Provincia.
Primero se suspendió el programa por noventa días.
Después apareció un dato que el propio Gobierno terminó reconociendo: existía una deuda con proveedores que ya habían entregado los alimentos correspondientes a marzo y abril.
Entonces llegó la Resolución 1573/2026, autorizando utilizar fondos excedentes del Servicio Alimentario Escolar (SAE) para cancelar esas obligaciones.
Es decir, hubo que recurrir a recursos de otro programa alimentario para cubrir las deudas del programa que acababan de suspender.
Y cuando parecía que la situación comenzaba a normalizarse, llegó una nueva resolución.
La 1640/2026.
El Programa MESA volvió a quedar suspendido.
Esta vez hasta el 31 de enero de 2027.
La secuencia es difícil de explicar.
Primero suspenden.
Después reconocen que debían dinero.
Luego buscan cómo pagarlo.
Y finalmente vuelven a suspender el programa.
Si esa era la planificación, cuesta distinguirla de la improvisación.
Mientras tanto, la realidad sigue su curso.
Los proveedores continúan reclamando pagos atrasados.
Los municipios deben absorber una demanda alimentaria cada vez mayor con recursos propios.
Miles de familias dejaron de recibir un complemento alimentario que llegaba a través de las escuelas.
Y los chicos siguen necesitando comer todos los días, no cuando el expediente queda completo.
Lo más preocupante es que este caso ya no parece una excepción.
Se habla de fortalecer el Servicio Alimentario Escolar; pero se utilizan recursos de ese mismo programa para cubrir las deudas del que fue suspendido.
Se habla de proteger a los sectores más vulnerables; pero el ajuste comienza justamente por una política alimentaria.
Se habla de sensibilidad social; pero las resoluciones terminan diciendo otra cosa.
Mientras tanto, siempre aparecen recursos para sostener una estructura estatal que no deja de expandirse.
Siempre hay margen para crear cargos, organismos o estructuras.
Pero cuando llega el momento de ordenar las cuentas, el esfuerzo vuelve a recaer sobre quienes menos posibilidades tienen de soportarlo.
Gobernador, no les diga a los bonaerenses que la suspensión era por noventa días si después termina extendiéndola durante casi un año. No les diga que fortalece un programa mientras utiliza sus recursos para pagar las deudas de otro. Si la Provincia atraviesa una crisis, dígalo con todas las letras. Pero no haga que el costo vuelva a recaer sobre quienes más necesitan del Estado. Porque las prioridades no se explican en una conferencia de prensa: se firman en una resolución. Y hoy esas resoluciones dicen que el ajuste empezó por un programa alimentario.
Una provincia no se mide por los discursos que pronuncia, sino por las decisiones que firma. Porque las palabras pueden prometer sensibilidad; las resoluciones muestran cuáles son las verdaderas prioridades. Y cuando la primera variable de ajuste termina siendo un programa alimentario, las prioridades de este Gobierno quedan dolorosamente claras.
(*)Senador Provincial. Presidente del Bloque PRO Provincia de Buenos Aires
