Las intensas lluvias de los primeros cinco meses de 2025 dejaron un saldo negativo en varios distritos del centro y oeste bonaerense con problemas de inundaciones por las intensas lluvias, en especial durante abril y mayo, pero también por la falta de continuidad de diversas obras de infraestructura. En total, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), unos 2 millones de hectáreas quedaron bajo el agua en toda la provincia en el peor momento del fenómeno.
La entidad informó que Carlos Casares y 9 de Julio se convirtieron en el epicentro del problema. Hoy siguen muy afectadas entre 800.000 y un millón de hectáreas, además de Carlos Casares y 9 de Julio, si se consideran Bolívar, 25 de Mayo, Henderson (partido de Hipólito Yrigoyen), parte de Saladillo y General Alvear, entre otras zonas.
Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) acortó ya en 100.000 hectáreas, es decir, a 7,1 millones de hectáreas, la siembra nacional proyectada de trigo debido a los excesos hídricos.
Un informe publicado por La Nación, en su sitio web digital, se indicó que en Carlos Casares hay por lo menos 82.000 hectáreas inundadas, que se pueden observar por satélite, pero no se ve el agua en aquellas hectáreas que todavía tienen cultivos, por lo que se calcula que es el doble. En 9 de Julio hay 80.000 hectáreas afectadas, pero también pueden ser más. Cayeron por lo menos, en promedio, 800 milímetros en lo que va del año.
“Lo que da bronca es que pasan los años y las obras están sin hacer. Hay un Plan Maestro para el Río Salado que abarca 17 millones de hectáreas, desde hace 25 años, pero se ha hecho poco. Cuando se proyectó el plan, se comunicó que las obras estarían terminadas en 10 años. La inversión se habría pagado con creces con el resultado de la producción. Sin embargo, seguimos con las pérdidas económicas a causa de las inundaciones reiteradas en la provincia de Buenos Aires», señala Pablo Ginestet, secretario de Carbap. Según la entidad, se ha construido poco más del 50% de la infraestructura planeada.
Un análisis de la organización reveló que el costo de no haber realizado las obras fue exponencialmente mayor que la inversión en hacerlas: el presupuesto contemplaba un desembolso de US$2000 millones (actualizado, cerca de US$4000 millones). Se estima que los productores de la cuenca han aportado al fisco, principalmente vía retenciones a las exportaciones, una cifra superior a los US$35.000 millones a pesar de tener pérdidas productivas acumuladas de más de US$5000 millones.
“Desde el Consejo del Salado venimos insistiendo y destacando la necesidad de avanzar con los proyectos de las llamadas obras complementarias como canales más chicos que conectan con otros más grandes, entre otras, que cuestan mucho menos que el dragado y son imprescindibles, porque permitirían llegar a los rincones de la cuenca y darle así un sentido integral al Plan Maestro para la prevención o mitigación de inundaciones”, dice Alberto Larrañaga, titular del Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado.
Fuentes del gobierno provincial, dijeron a La Nación, que falta parte de la etapa IV del Plan Maestro, a cargo del gobierno nacional, y que espera que se libere el presupuesto necesario para que se retomen las obras. Hasta ahora no hay noticias al respecto. Este medio se comunicó con el Ministerio de Economía de la Nación, pero no obtuvo respuestas.
Federico Ortiz Ham es un productor agropecuario de Bacacay, cerca de 9 de Julio. “Tenemos el 70% de las 1371 hectáreas con agua y perdimos un lote entero de 150 hectáreas de soja. Además tuvimos que malvender los animales. Acá hay gente que tiene el agua adentro de la casa. Nos preguntamos: ¿cómo sigue esto?“, reflexiona.
Fabián Córdoba, que integra la Comisión Vial de Carlos Casares, describe costos ocultos. Entre ellos, que en esta situación, dice, se cosecha la soja con una mayor humedad, por lo que hay que invertir en secado. Por su parte, Mario Reymundo, presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares, resume: “Queremos lograr un cambio de actitud por parte de la política. Que dejen de ver al sector agropecuario solo como una fuente de recursos y nos consideren como un socio estratégico para el desarrollo del país. Este cambio es entender la importancia de la infraestructura, en particular de los caminos rurales, para el desarrollo de toda la comunidad rural”, dice. Alicia Sánchez agrega: “A los políticos no les interesa nuestra realidad”.
“Tenemos los caminos del siglo pasado, cuando se circulaba en carreta o a caballo, con productores que invierten en equipamiento del siglo XXI. Hace muchos años que la política equivocó el camino. Brasil multiplicó seis veces su producción, mientras que la Argentina solo la multiplicó por tres”, sostiene Reymundo.
Más allá de los problemas, el resultado de diversas charlas con quienes viven este drama deja una conclusión: se sienten solos. “No ha venido nadie a intentar colaborar”, cuenta Nicolás Capriroli, de Carbap 9 de Julio, que indica que la mitad de la cosecha en la zona está “muy complicada”. Agrega al pedido de una acción para evitar la proliferación de canales clandestinos, que los caminos rurales estén bien mantenidos por los municipios. En 9 de Julio pusieron en marcha lo que llaman un “semáforo” de los caminos a través de la opinión de los productores sobre su estado. Hoy el 95% de estas vías son un rojo.
Todos piden que se haga especial hincapié en volcar el 100% de la tasa vial al cuidado de los caminos para lograr su transitabilidad, aun cuando hay excesos hídricos.
Daniel Stadnik, intendente de Carlos Casares, afirma que “los caminos rurales están colapsados” y que “año tras año la erosión eólica los ha desgastado. Están entre 50 centímetros y un metro por debajo del terreno natural de los campos”. También refiere que, en el partido, el 70% de lo recaudado en la tasa vial va para caminos y el resto para un fondo para mantener el municipio. “El presupuesto no alcanza -dice-, ya que el Estado nacional se lleva un porcentaje muy importante del resultado del trabajo del productor y la tasa vial no es suficiente para los períodos de emergencia”.
En 9 de Julio, el 75% de lo recaudado se destina al mantenimiento de los caminos y esto incluye sueldos y gastos administrativos del personal abocado a estas tareas. El 25% restante también va para pagar gastos del municipio. “Durante los últimos 20 años hubo un mantenimiento muy básico de los caminos rurales, y cuando te sorprende una lluvia de 1000 mm en 100 días es una catástrofe”, asegura Juan Pablo Boufflet, secretario de Obras y Servicios Públicos de 9 de Julio. Stagni confirma que “hay un ciclo húmedo preocupante. Sería muy importante que se realicen los dos canales proyectados del Plan Maestro al sur de la localidad”.
Por su parte, el gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó, el 29 de mayo último, a través del Decreto 2025-1180, la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundaciones que pospone impuestos o los elimina, para quienes prueban que tienen afectado el 80% del campo. La medida alcanza a las explotaciones rurales en los partidos de Puán, Tornquist, 9 de Julio, Carlos Casares, General La Madrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, 25 de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.
Desde Carbap critican que una obra clave de dragado para evitar el desborde del Río Salado está parada por falta de financiamiento por parte del gobierno nacional. Se trata del Tramo IV, Etapa 2 del Plan Maestro Integral. Son 32 kilómetros entre Roque Pérez y el puente que une los partidos de 25 de Mayo y Lobos. Allegados a las empresas de dragado confirman que registran una deuda que, junto al presupuesto para el tramo que falta, llega a US$120 millones, una partida que, por ahora, no se asigna.
+++++++++++++
También puede interesarte:
• Todo el Deporte en: La Deportiva
• Escuchar las notas más importantes en: LT20 Radio Junin
• Escuchar LT20 Radio Junín en VIVO: Escuchar ahora
