Por Redacción Grupo La Verdad
El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Junín, Daniel Di Palma, manifestó en una entrevista con Grupo La Verdad que “en los últimos 60 días” se percibe una “dificultad” de buena parte de los inquilinos para hacer frente a las obligaciones.
En ese sentido, Di Palma expresó que “no se puede hablar de una morosidad elevada, pero sí hay incipientes retrasos en algunos pagos”.
El entrevistado apuntó que “esto esperamos que se revierta, es algo que venimos percibiendo desde nuestro observatorio, vemos una dificultad también en la toma de posesión de algunas locaciones. Hay precios que se hacen difíciles de afrontar para el bolsillo del asalariado, vemos una pérdida de poder adquisitivo de la gente común que es muy grande y en consecuencia eso dificulta en la efectividad del pago de servicios. Y la locación no es una excepción”.
En el mismo orden, el titular del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Junín advirtió que “el inmueble ha tomado hoy un valor razonable de rentabilidad pero al bolsillo del asalariado queda grande en algunos aspectos. El cúmulo de gastos de la canasta familiar conlleva dificultades que se ven expresadas en cuestiones como estas para la mayoría de las familias”.
Consultado por los valores, Di Palma señaló que “para una familia tipo el alquiler de una vivienda con dos habitaciones en Junín ronda entre los 400 mil y los 800 mil pesos mensuales”, de acuerdo a ubicaciones y características propias de los inmuebles.
Proyecto y polémica
Un nuevo proyecto impulsado por legisladores libertarios encendió la polémica en el mercado inmobiliario. La propuesta busca desregular la actividad y permitir que cualquier persona pueda ejercer como corredor o martillero sin necesidad de estar matriculado en un colegio profesional.
Desde las cámaras inmobiliarias y los colegios oficiales advirtieron que la medida podría generar un escenario de informalidad, inseguridad jurídica y mayor exposición al fraude. La iniciativa forma parte de una serie de reformas que buscan liberalizar diversos sectores de la economía, aunque no sin resistencias.
La iniciativa, denominada “Ley de libertad inmobiliaria”, fue presentada por el diputado nacional libertario Alejandro Bongiovanni suma rechazos desde distintos sectores vinculados con el mercado y plantea que cualquier persona pueda operar en el mercado sin requisitos formales, sin límites geográficos y con libertad para negociar honorarios.
Además, elimina la capacidad de los colegios profesionales de sancionar a quienes ejercen sin matrícula y denuncia la existencia de un «monopolio» en manos de estas entidades. Como modelos a seguir, el proyecto cita a países como España, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
Sobre este tema en particular, Di Palma reveló ante este medio que “esto no es para nada original, ya lo hemos visto en los 90. Me parece que esto viene de la mano de un proyecto político que viene de la mano de la desregulación pero no contempla algunas normas que atienden a la seguridad jurídica. Eso es lo que nosotros vemos”.
Y amplió: “El ejercicio profesional nuestro está reconocido a nivel provincial y nacional. Hoy la complejidad en la transacción inmobiliaria es muy alta. En años anteriores se incorporó el corretaje inmobiliario con sus correspondientes habilitaciones, los colegios profesionales vienen a resguardar a la ciudadanía. Nosotros resguardamos que la actividad se desarrolle como corresponde para que no haya estafas ni defraudaciones. Eso es lo que parece que se quiere desconocer o desvirtuar. El profesional inmobiliario lo que garantiza es la seguridad jurídica en la materia”.
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