Jubilados y otros manifestantes se acercaron esta tarde masivamente a la plaza del Congreso, donde se desplegó un importante operativo de seguridad. Hasta el momento, no se produjeron incidentes y la marcha transcurría de forma pacífica.
Desde las cuatro de la tarde se desplegó una fila de policías detrás de las vallas que separan el Congreso de los manifestantes, que aguardan tranquilamente. Los policías motorizados están junto a un camión de hidrante.
Hacia las cinco de la tarde, se escuchan los primeros estruendos pero son petardos que explotan en el aire lanzados por los manifestantes. A esta altura sigue llegando más gente, que marcha lenta y pacíficamente. La totalidad de la plaza del Congreso está siendo ocupada por distintos sectores entre jubilados, autoconvocados, agrupaciones estudiantiles, docentes, gremios, entre otros. No ocurre ningún disturbio, no se siente una atmósfera de tensión.
Según se anunció, el presidente Javier Milei, que suspendió su viaje a Israel, monitorea desde Casa Rosada los hechos. Con el fotoperiodista Pablo Grillo internado en el Hospital Ramos Mejía a raíz de una herida de gravedad producto del impacto un gas lacrimógeno lanzado por un gendarme, el Gobierno busca evitar los enfrentamientos y limitarse a “mantener el orden público”.
Pasado el mediodía, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encargada del diseño del despliegue policial visitó el despacho de la secretaria genera de la Presidencia, Karina Milei. En paralelo, Casa Militar desplegaba un vallado a la altura de calle Reconquista para blindar el acceso a los manifestantes que, el pasado miércoles, arrojaron piedras al Palacio de Gobierno.
“Marcha o violencia: no es lo mismo. Alterar el orden público y la vida democrática es un delito federal. Si hay violencia, alejarse. Las Fuerzas actuarán”, definió la funcionaria a través de sus redes sociales.
En el Poder Ejecutivo atribuyen la convocatoria a la izquierda y al kirchnerismo, y dan por descartada la presencia de barras bravas, pero insisten con que se trata de una “una marcha política” que apunta a “desestabilizar”.
Bajo esa premisa es que utilizaron el sistema de comunicación de las estaciones de trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para emitir mensajes disuasivos a los manifestantes. En las pantallas y altavoces de las terminales se proyectó la advertencia: “La policía va a reprimir todo atentado contra la República”.
En paralelo, 900 policías se encuentran apostados en los alrededores del Parlamento, en un operativo conjunto con fuerzas federales. Además, se retiraron 350 contenedores de residuos en la zona para evitar que sean utilizados en posibles enfrentamientos.
Sin embargo, y pese a que aseguran no detectar diferencias con la movilización del pasado miércoles, el Ministerio de Seguridad dispuso de un protocolo particular que consiste en el despliegue de un extenso vallado que blinda los principales accesos al Congreso.
El trazado de la “zona estéril” apuesta a evitar que las fuerzas de seguridad establezcan contacto con los manifestantes, y a concentrar la protesta en la plaza para que las calles y avenidas no estén afectadas, aunque para instrumentarlo, la cartera debió interrumpir la circulación.
El operativo fue coordinado el pasado martes por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, su segundo, Diego Kravetz; el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta; en el despacho del asesor presidencial, Santiago Caputo.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció por su canales oficiales que “premiará” con una recompensa de $10 millones “destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles, precisos y concretos que permitan identificar y lograr la captura de los autores y responsables de haber promovido disturbios y delitos en la zona del Congreso Nacional el 12 de marzo de 2025”.
