Por Redacción Grupo La Verdad
En el día de ayer, la concejal Belén Veronelli (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante de Junín mediante la cual solicita al Departamento Ejecutivo que informe en detalle sobre la legalidad y las condiciones en las que se desarrolla el emprendimiento. La concejal agrega que, en caso de no existir la documentación respaldatoria de lo solicitado, se proceda a la clausura de la obra.
En este contexto, Grupo La Verdad se contactó con el abogado Mariano Malcun, asesor jurídico de Belén Veronelli, quien brindó más detalles de la solicitud y contó las causas que originaron la elevación del pedido.
“Nosotros habilitamos una línea para denuncias por hechos de corrupción. En uno de esos llamados, un vecino nos dijo que le sorprendió una construcción muy cerca al ferrocarril y entendía que se estaba afectando una zona conocida como de reserva. A partir de eso nos pusimos a investigar con nuestro equipo de trabajo y notamos severas irregularidades”, señaló.
“Para empezar, entre ellas, no estaba el correspondiente cartel que advierte que hay una obra en construcción. Ya esto de por si acarrearía una multa o sanción mínimamente”, dijo.
Y continuó: “Luego nos dimos cuenta de que, al ser una zona de reserva, tiene ciertas prerrogativas a considerarse y a tratar, que entendemos que no están demarcadas y no se han efectuado”.
Malcun explicó que “una zona de reserva es una zona de restructuración integral que pide ciertos requisitos a considerar. Se tiene que destinar a espacios verdes, cuestiones paisajísticas o restructuración de valores históricos. Pero se debe interactuar con mecanismos de presentación de proyectos por parte de los representantes vecinales, para traducción de lo que diría la normativa”.
“Como si fuera poco, nos encontramos con que Fecovita actualmente está prácticamente concursada o en quiebra. De hecho, sus directivos están atravesando un proceso judicial por estafa por más de 3.000 millones de dólares a una empresa. Habían utilizado otra empresa para fraguar este monto. Nunca cumplieron con lo prometido”, agregó.
Por todo esto, “lo que solicitamos al Ejecutivo principalmente son informes de impacto ambiental, como así también el acta de la asamblea. Por otro lado, ver si se ha cambiado el espíritu del código urbanístico, que pide una serie de cuestiones a considerar en relación al objeto. Y también la instrumentación de la misma, donde tiene que haber un plan demarcado, ser aprobada previamente por una autoridad de aplicación, evaluándose los proyectos por parte del consejo asesor como marca la normativa”.
“Entendemos que no es viable. También por una cuestión vial, porque no hay salida de acceso. Se produce un embotellamiento y de por medio hay una construcción colindante compleja, la del viaducto”, indicó.
Y manifestó: “Nunca vimos un centro comercial al lado de una colectora o de un ferrocarril. Eso nos sorprendió desde el vamos. Y además, no hay carteles de señalización de construcción. Es raro que acá no pase. Debería decir la cantidad de superficie a utilizar y el nombre de los emprendedores y de los arquitectos o maestro mayor de obra”.
“Con lo cual, esto es una clara violación del código urbanístico y a normativas nacionales, como las leyes generales de Ambiente, de Riesgo de Trabajo, de Seguridad e Higiene, etcétera”, afirmó.
Y cerró: “En el caso de que no se presenten los informes, lo que se debía hacer, que también lo planteamos en el proyecto, es la clausura preventiva hasta que no se regularice la situación”.
