En un contexto donde los despidos, suspensiones y recorte de salarios es cada vez más común, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le solicitó al ministro de Economía, Luis Caputo, prorrogar al menos 60 días el vencimiento de la no ejecución de las deudas fiscales y las trabas de medidas cautelares que las pymes mantienen con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Tanto la resolución general 17/2024 de Economía y la 5482/2024 de la AFIP disponían la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y las trabas de medidas cautelares –hasta el 31 de julio– para toda persona humana y micro, pequeña y mediana empresa. Aún no se reglamentó la Ley 27.743 “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, en la que establece un régimen de regularización de deudas vencidas al 31/03/2024 y que también posibilitará la regularización de deudas pasibles de ejecución fiscal.
El pedido de CAME se enmarca en un período de fuerte contracción de la actividad y caída generalizada de ventas, con impacto sobre la capacidad de pago de las pymes. En este contexto, la entidad advirtió que será difícil la regularización de deudas para una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, lo que generará una situación extra de ahogo financiero.
Actualmente, y como viene informando DIB, la recesión impacta de lleno en pymes y en otras empresas más grandes del país, muchas con asiento en la provincia de Buenos Aires. Un ejemplo es la empresa fabricante de cocinas, calefactores y termotanques Eskabe, ubicada en Mar del Plata, que comenzará a suspender a la mayoría de su personal (trabajan 120 personas) por tandas. La firma tomó la determinación por la caída de las ventas en un 50%, según informó la seccional local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El sindicato espera que “no se conviertan en despidos”.
En el caso de Fate, la compañía de neumáticos que despidió a 97 trabajadores en mayo, ahora tramitó un preventivo de crisis con un balance de US$ 192 millones de ganancias. El recurso apunta a reducir indemnizaciones y flexibilizar convenios pero exige mostrar tres ejercicios deficitarios.
Otra empresa que arrastra un largo conflicto es Acindar, que viene aplicando suspensiones a los trabajadores de las diversas plantas para hacer frente a la crisis. Ahora la UOM anunció un paro por tiempo indeterminado en la planta ubicada en Villa Constitución (Santa Fe) a partir del lunes, ante la decisión de la compañía de cesantear a 100 trabajadores. El conflicto, que afecta también a la dependencia de San Nicolás, aplica a las siderúrgicas, donde el gremio denuncia atrasos en las negociaciones salariales desde hace ocho meses.
En datos duros, la firma anunció que tuvo que reducir de 1,2 millones de toneladas anuales a 600.000 con una plantilla de 2.600 trabajadores en forma directa, entre personal de planta, más otros 2.000 contratados. Con estos números se explicaría la situación de conflictividad en la actividad.
A partir de un estudio realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) junto a la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) se determinó que, de un universo de 61.000 empresas vinculadas a la construcción, textiles, petróleo, metalmecánica, molineros, entre otros, el 80% tuvo que despedir empleados como consecuencia de la caída en la actividad durante los primeros meses de gestión de Javier Milei, mientras que otro porcentaje similar tuvo que recurrir a los retiros voluntarios.
Con una desocupación ubicada en el 7,7% para el primer trimestre del año, la mayor cantidad de despidos se habría concentrado hasta el momento en las empresas con más de 500 empleados.
Cabe recordar, que días atrás la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) informó que unas 10.000 pymes cerraron sus puertas durante los primeros seis meses de la gestión de Milei como consecuencia del derrumbe de la actividad económica, lo que da un promedio de 50 pymes menos por día. (DIB)
