La recolección de las pruebas en el marco de la causa contra el ex presidente Alberto Fernández por presunta violencia de género sufrió un revés debido a que la Justicia no podría acceder a las grabaciones de lo que ocurría en la Quinta de Olivos durante el gobierno anterior, como solicitó recientemente.
De acuerdo con lo que precisaron fuentes que conocen el funcionamiento de la residencia oficial a la perfección, por problemas técnicos no existirían registros fílmicos de las actividades en ese lugar entre el 2021 y el 2023, periodo en el cual el entonces mandatario habría golpeado a quien era su pareja, Fabiola Yañez.
Ocurre que las cámaras de seguridad del predio tenían en aquel momento un almacenamiento de hasta 35 días, como máximo, por lo que se sobreescribían los archivos una vez que el sistema ya no tenía más capacidad.
La cantidad de videos que se pueden guardar depende del peso de los mismos que, a su vez, viene definido por la calidad en la que se desee filmar, aunque en ningún caso superaría los 45 o 50 días de margen.
Durante la administración de Alberto Fernández, las autoridades nacionales decidieron que las tomas se hicieran con la mayor definición posible para, de esa manera, poder reconocer a las personas que entraban, salían y circulaban por la Quinta de Olivos.
Con una imagen en alta, de ser necesario, quienes están al frente de la custodia del predio pueden hacer zoom y apreciar con mayor detalle los rostros de los visitantes, mientras que si se registra en baja calidad, las caras aparecen pixeladas.
De todas formas, la poca capacidad de almacenamiento de los aparatos en cuestión es un problema para la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7, que investiga la denuncia por violencia de género realizada por Fabiola Yañez.
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