Escribe: Jorge Taiana (*)
El afán del gobierno de Milei, -con su ministro de Economía, Luis Caputo, a la cabeza-, de utilizar al Estado para promover estafas que benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría de los argentinos pareciera no tener freno. Esta vez, el golpe fue directo al campo, más precisamente a los productores.
Hace menos de una semana, mientras el vocero presidencial, aseguraba que “la vieja política busca generar incertidumbre (sic) para boicotear el programa de gobierno”, anunciaba retenciones cero para los granos hasta el próximo 31 de octubre. Pero la medida duró apenas tres días y el beneficio impositivo excluyó al primer eslabón de la cadena: los productores, en especial a los pequeños y medianos.
En ese breve lapso, unas pocas grandes cerealeras exportadoras nucleadas en CIARA declararon exportaciones futuras sin retenciones por más de 7.000 millones de dólares equivalentes a casi 20 millones de toneladas de granos. Existen fuertes dudas sobre si realmente cuentan en su poder con ese volumen o si la producción que aún deban adquirir la comprarán más barata, esta vez, con una retención del 26%. El resultado fue contundente: en apenas tres días obtuvieron una ganancia neta de más de 1.500 millones de dólares y el gobierno resignó ingresos fiscales por igual monto.
A través de una maniobra inconstitucional y desoyendo al Congreso, el Gobierno de Milei suspendió por decreto la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad bajo el argumento de “no hay plata”. Resulta que no hay plata para los discapacitados, los jubilados, el Garrahan, ni para las universidades públicas, pero sí para que el Estado le regale más de 1.500 millones de dólares a las grandes cerealeras para mantener el actual esquema cambiario durante el proceso electoral.
Más de 1.500 millones de dólares que son los fondos que hoy faltan para financiar la obra pública, completamente paralizada por este gobierno y cuya ausencia también golpea a la producción agropecuaria. Basta con mirar la Ruta Nacional 33, vital para el sector por conectar los puertos de Bahía Blanca y Rosario, y que permanece en un estado de abandono total. Son también los recursos que faltan para desarrollar la infraestructura necesaria para potenciar la producción y las exportaciones, como, por ejemplo, la construcción del Canal de Magdalena, una obra estratégica en materia de soberanía, que además potenciaría la competitividad comercial de nuestro país.
Apostar a un futuro de bienestar nos interpela a preguntarnos qué país queremos y a comenzar su reconstrucción sobre bases reales de desarrollo para el siglo XXI. Pero, antes que nada, exige que empecemos a poner un freno a la estafa que representa el modelo económico de este gobierno, cuya principal política es el incremento del endeudamiento con el único objetivo de garantizar los negocios financieros de sus amigos. Esta política se traduce en la ausencia de medidas para dinamizar el mercado interno, en resignar una política industrial, en una caída abrupta en la inversión en ciencia y técnica y en la ausencia de una política agropecuaria.
El modelo económico actual destructivo e inestable está directamente vinculado con una política exterior de alineamiento automático con Estados Unidos e Israel. Una política exterior que no entiende que estamos ante un cambio de época, como dijo el Papa Francisco. El mundo unipolar liderado por Estados Unidos ya no existe, hoy transitamos un escenario multipolar con múltiples actores disputando la hegemonía. Al mismo tiempo, la fragmentación económica y comercial, consecuencia del modelo de financiarización global, reconfiguró la globalización tal como la conocíamos, dando lugar al resurgimiento del proteccionismo y de medidas arancelarias que afectan cadenas de valor y generan reglas comerciales cada vez más imprevisibles e injustas.
Una política exterior que, además, va de la mano con una política de endeudamiento serial que limita las perspectivas de desarrollo, al tiempo que pone en riesgo nuestros recursos y el ejercicio pleno de la soberanía. Pero lo más grave es que está hipotecando nuestro futuro como país, en especial el de las nuevas generaciones que deberán enfrentarse a una deuda impagable y a las condicionalidades que quieran imponer los acreedores.
Una muestra clara de pérdida de autonomía en nuestras decisiones como país fue el lobby de los grandes farmers estadounidenses: las retenciones regresaron apenas Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, lo exigió a través de la plataforma X, en el marco de las negociaciones por el swap con ese país.
Una política que realmente favorezca a los productores agropecuarios depende del desarrollo de una matriz productiva capaz de generar valor agregado. Para lograrlo, necesitamos impulsar la inversión en materia de innovación, tecnología y ciencia, así como también, garantizar la obra pública, necesaria para asegurar la infraestructura que demanda el sector. También se requiere fomentar políticas inclusivas que contemplen la diversidad de los actores de las cadenas agroindustriales y los fortalezcan, solo así el ingreso de dólares dejará de depender exclusivamente del sector agroexportador.
Hoy en defensa del campo y del desarrollo argentino, tenemos la obligación de alzar la voz para denunciar y frenar una nueva estafa del Gobierno de Milei.
(*) Candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.
