La segunda instancia de la justicia en lo Contencioso Administrativ o ratificó hoy la vigencia del “protocolo anti piquetes”, la herramienta legal diseñada por Patricia Bullrich y aplicada desde el inicio del gobierno de Javier Milei para ordenar la protesta social, que había sido declarado nulo por un tribunal de ese fuero.
El fallo fue firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, los dos titulares de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y dejó sin efecto una decisión previa del juez Martín Cormick, que en diciembre pasado había suspendido la vigencia del protocolo, que como medida más visible prohíbe que las manifestaciones corten calles.
Cormick había entendido que Bullrich, al momento de dictar el protocolo -resolución 943/2023 del ministerio de Seguridad, entonces a su cargo-, se había excedido en sus competencias: no era solo una orden a las fuerzas de seguridad federales que de ella dependían, sino también una intromisión en las atribuciones propias del Congreso.
Pero la Cámara dio por tierra con ese argumento: “ Los suscriptos no advierten que el denominado ‘Protocolo de Seguridad’ constituya una reglamentación que colisione con derechos constitucionales y/o normas supranacionales, sino que resulta una limitación legítima en tanto no existen derechos absolutos”, escribieron Fernández y Morán.
En esa línea, los camaristas ponderaron el derecho a la libre circulación y consideraron que “la resolución recurrida tiende a proteger el derecho a transitar libremente por el territorio, sin que sus alcances restrinjan de manera ilegítima los demás derechos involucrados”.
