Por Federico Mighella (*)
La política económica del gobierno de Javier Milei no busca la estabilidad ni el crecimiento, sino instaurar un régimen de escasez permanente que redefine la normalidad en términos de precariedad, exclusión y desigualdad.
Desde la asunción del gobierno, la frase “no hay plata” se ha convertido en un mantra repetido hasta el agotamiento. Esta expresión no es una descripción neutral de la realidad fiscal, sino una afirmación política que busca imponer un marco interpretativo: la escasez es inevitable, el sacrificio es necesario, y la protección social un lujo insostenible. Esta lógica configura un nuevo paradigma económico y social, donde el ajuste no es una medida transitoria sino un modo de gobierno.
El geógrafo británico David Harvey ha analizado cómo el neoliberalismo funciona como un proyecto político destinado a restaurar el poder de las élites económicas, imponiendo reformas estructurales que consolidan la desigualdad. En ese sentido, la política económica del actual gobierno encaja en esta lógica: no se trata solo de achicar el Estado o reducir gastos, sino de una restructuración profunda que prioriza la rentabilidad del capital sobre la vida digna de las mayorías.
Naomi Klein, en su libro La doctrina del shock, explica cómo las crisis se utilizan para implementar políticas impopulares que antes serían rechazadas socialmente. En Argentina, la crisis económica se transforma en herramienta para desmontar redes de protección social, privatizar servicios y desmantelar derechos laborales. Esta “economía del derrumbe” no busca reconstruir ni crecer, sino disciplinar y controlar mediante el empobrecimiento.
Este modelo produce efectos concretos y devastadores: la inversión pública se reduce drásticamente, la obra social se detiene, los salarios reales caen, la inflación erosiona el poder adquisitivo y millones se ven expulsados de los sistemas de salud, educación y vivienda digna. El resultado es un país fragmentado donde el acceso a derechos básicos depende cada vez más del mercado y la capacidad individual de pago.
Más allá de los números, esta política afecta las expectativas y el horizonte colectivo. La normalización de la precariedad instala un clima de desesperanza, donde la población aprende a conformarse con menos, a postergar proyectos de vida, a aceptar como inevitable la desigualdad extrema. Se ataca no solo el bienestar material, sino también la imaginación política de un futuro distinto.
El economista argentino Federico Hualde ha señalado que estas políticas no son resultado de la incapacidad o la mala gestión, sino decisiones conscientes que buscan transformar la estructura social. La reducción del Estado, la eliminación de subsidios, la precarización laboral y la reducción del gasto social son piezas de un proyecto que redefine el contrato social en favor de una minoría privilegiada.
Esta reconfiguración también es simbólica. La política del “no hay plata” produce una sensación de vacío, un desgaste moral donde la indignación se apaga ante la resignación. Los discursos oficiales promueven la idea de que el esfuerzo individual es la única salida, mientras se ocultan las causas estructurales de la crisis. El relato del mérito despoja a la política de su rol transformador y la reduce a una gestión técnica de la escasez.
Frente a este panorama, la respuesta no puede ser meramente técnica ni coyuntural. Se requiere un reencuentro con la política como proyecto colectivo y transformador. Defender la intervención estatal no es volver al pasado, sino construir una herramienta para garantizar derechos y promover justicia social. La política debe dejar de administrar la precariedad para volver a ser una apuesta por la dignidad.
En definitiva, el ajuste como orden permanente es un desafío no solo económico, sino político y ético. La reconstrucción del país implica cuestionar ese modelo, recuperar el protagonismo popular y reimaginar un contrato social que ponga la vida en el centro. Porque ningún país se sostiene sin justicia social, sin inclusión y sin esperanza.
(*) Sociólogo
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