En la antesala de la reunión clave del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), la conducción de la central sindical advirtió que “están dadas las condiciones” para convocar a un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y que ya cuenta con media sanción del Senado.
El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, sostuvo que existen “consensos colectivos de los distintos sectores para ir hacia una huelga nacional” y anticipó que trabajarán para lograr “el mayor grado de acatamiento”. La definición formal se tomará este lunes a las 16 en una reunión virtual del Consejo Directivo, que fue adelantada por la presión interna de distintos gremios.
Fuerte presión a Diputados: “Tienen que rechazar el proyecto”
En declaraciones radiales, Jerónimo envió un mensaje directo a la Cámara baja: “No puede avanzar tal como está. Los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto”.
Desde la CGT cuestionan que, antes de la media sanción en el Senado, pidieron “reflexión” a legisladores y gobernadores, pero —según señalaron— muchos respaldaron la iniciativa oficialista. La reforma laboral será tratada en comisiones esta semana y podría llegar al recinto en los próximos días, dependiendo de la agenda parlamentaria y los feriados.
El proyecto forma parte del paquete de modernización laboral promovido por el presidente Javier Milei y su equipo económico.
Críticas a la reforma laboral: “Es regresiva y perjudicial”
La central obrera redobló sus cuestionamientos al texto aprobado en el Senado. “Es una locura, va en contra de los derechos de los trabajadores. Tiene una redacción maliciosa y carga ideológica”, afirmó Jerónimo.
Uno de los puntos más polémicos es la modificación en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó tras la votación en el Senado que, en determinados casos, la cobertura salarial podría reducirse al 50%.
Según un documento interno de la CGT, la iniciativa “agrava la situación del trabajador que se enferma o se accidenta por motivo ajeno al trabajo” y vulnera principios constitucionales como el de progresividad y no regresión en materia laboral. Además, advierten que el texto podría ser impugnado judicialmente por inconstitucional.
La central también sostiene que la Organización Internacional del Trabajo establece que toda reforma laboral debe ser tripartita, es decir, consensuada entre Estado, empleadores y trabajadores.
Interna sindical y presión del ala dura
El adelantamiento de la reunión de la cúpula cegetista responde a fuertes presiones internas. Mientras el sector dialoguista buscaba priorizar contactos con bloques parlamentarios para introducir modificaciones al proyecto, el ala más combativa exige una respuesta más contundente.
El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integran gremios como la UOM, ATE y las dos CTA, ya anunció un paro con movilización al Congreso el día que se debata la reforma en Diputados. También la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) impulsa un plan de lucha con medidas progresivas.
En este contexto, la conducción que integran Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio) deberá resolver si convoca a una huelga general de 24 horas para coincidir con el tratamiento legislativo o si mantiene una estrategia más moderada.
Un escenario abierto en Diputados
Aunque el oficialismo busca acelerar la sanción definitiva, en la CGT observan con expectativa algunas resistencias en bloques aliados que podrían forzar modificaciones al texto o incluso trabar su aprobación, lo que obligaría a que el proyecto vuelva al Senado.
Mientras tanto, la central obrera sostiene que el proyecto “lesiona derechos individuales y colectivos”, desde indemnizaciones y jornada laboral hasta la regulación del derecho de huelga y las asambleas sindicales.
Con el debate en Diputados en el horizonte inmediato, la CGT se prepara para una definición que podría marcar un nuevo capítulo de conflictividad sindical en medio del tratamiento de una de las reformas estructurales más sensibles del Gobierno.
