Por Andrés Lavaselli
Las próximas dos semanas serán determinantes para el destino del último tramo de Axel Kicillof al frente del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es el lapso en el que se definirá si logra que la oposición dialoguista y los sectores con los que pulsea al interior del propio oficialismo le aprueban el presupuesto, la ley de impuestos y, sobre todo, la autorización de endeudamiento. Este último es un proyecto esencial, cuya importante es difícil de exagerar, por dos motivos: 1) sin él, la gestión podría entrar en una zona de turbulencia en el corto plazo 2) con él, se quita de encima una fuente de posibles condicionamientos del ¿reformulado? proyecto 2027.
El Gobernador cree que la negociación está encaminada, pero el juego como siempre es intrincado y un paso en falso podría hacer caer los tres proyectos, como ocurrió el año pasado. ¿En qué se basa ese cauto optimismo? Desde tres bancadas opositoras (UCR, PRO y libertarios “blue”) le hicieron saber que están dispuestos a apoyar. Y tanto Sergio Massa como Federico Otermin expresaron en privado confianza en que saldrán los tres proyectos antes del recambio parlamentario del 10 de diciembre. El camporista Facundo Tignanelli, mano derecha de Máximo Kirchner, lo hizo en público.
Aunque parezca paradójico, el peso del acuerdo recae en cierta medida en el oficialismo más que en la oposición: estos últimos ya advirtieron que darán el respaldo final solo cuando Kicillof tenga asegurado el consenso interno. Esa posición se entiende mejor si se mira un antecedente clave: en diciembre pasado, los tres proyectos se cayeron porque no se logró consenso para el endeudamiento. Y, aunque en público culparon a la oposición, desde el kicillofismo siempre por el fracaso a La Cámpora y el massismo, que controlan los resortes clave en los bloques legislativos del oficialismo. “No hicieron lo suficiente”, fue el reproche.
El martes, en Diputados dieron dictamen de comisión al presupuesto y la impositiva, pero no al endeudamiento. La falta de respaldo del camporismo -y el FR- activó el deja vu en calle 6: otra vez como 2024, temieron. De hecho, en un despacho cercano al de Kicillof se sinceraron ante DIB: “si uno mira cómo se movieron en el debate por las PASO, en el desdoblamiento, en el cierre de listas, la conclusión no puede ser otra que no nos van a apoyar o lo van a hacer muy al final, después de sacarnos todo lo que puedan ”. No hace falta agregar quiénes son los destinatarios de esas suspicacias.
Sin embargo, con el correr de las horas, parte de las dudas parecen despejarse. “Esta vez es distinto”, es el mantra, con eco mileísta, que repiten en el kicillofismo. ¿Por qué? 1) En el contexto de “corte de fondos” nacionales, los 3.035 millones de techo de endeudamiento que pide Kicillof resultan esenciales para que lo gestión no se complique: hasta la posibilidad de pagar aguinaldos está sobre la mesa. 2) Los municipios, que recibirían una tajada, están presionando fuerte. 3) La renovación de diciembre hará emerger una Legislatura menos amigable para el peronismo, pero también para los intereses de intendentes de PRO y la UCR. Es ahora o luego será más “caro”.
¿Qué se negocia?
El contenido concreto de la negociación incluye a los intendentes del modo especial. Ellos quieren un fondo de libre disponibilidad de unos 600 mil millones de pesos. Kicillof oferta uno equivalente al 8% del endeudamiento, al que en las últimas horas le agregó una “garantía”: al menos un tercio de ese dinero se girará durante 2026. Además, están sobre la mesa los famosos cargos para la oposición (directorio de empresas del Grupo Bapro, en el propio Banco, Tribunal Fiscal, el Consejo Federal de Educación). También, el esquema de poder en el parlamento. Kicillof avisó: en lo único que no cederá es en las vacantes de la Corte, que quiere negociar después.
La cláusula de ejecución del fondo para los municipios revela algo más que la complicada situación financiera de muchas comunas: es una confirmación indirecta del sentido político de pedir una financiación que en los hechos es prácticamente bianual. Aunque en el Ejecutivo relativizan este punto, parece claro que todos los actores están convencidos de que Kicillof no quiere volver a negociar plata antes del 2027, porque eso supondría un condicionamiento extra a su proyecto presidencial. ¿Se planteará la cuestión Luis Caputo si todo se aprueba?: él debe autorizar en última instancia la toma de deuda. En el gobierno provincial confían en que la posibilidad de un default bonaerense, que impactaría en las finanzas nacionales, será determinante.
¿Un proyecto en reevaluación?
Esa última cuestión tal vez forme parte del nuevo tiempo político que Kicillof y el resto de los gobernadores peronistas acordaron abrir con Milei. La idea es no rechazar de plano sus iniciativas parlamentarias, sino incluirlas en una negociación en la que traten de influir para introducir puntos de vista propios. Parte de una premisa pragmática: dada la correlación de fuerzas surgidas del 26-O, las reformas probablemente se aprueben igual. Y tienen una intuición: como pasó con la Ley Bases, sienten que el gobierno está más preocupado en el triunfo político que supone la probación de ciertas leyes reclamadas por EE.UU. que en su contenido.
En ese contexto de revisión de estrategias también parece estar ingresando lo que parecía un objetivo inmutable: la candidatura presidencial del Gobernador. “Tal vez este no sea el turno en el que convenga que Axel juegue”, susurran algunas voces en su entorno. Es una manera de reaccionar al clima de época que las elecciones confirmaron, aunque adviertan que Kicillof no renuncia a ser un hombre fuerte de cualquier armado peronista. Son definiciones que, como ocurre en el caso de la relación con Milei, Kicillof va tomando sin pedir ni conocer la opinión de Cristina Kirchner: desde los cruces por las listas, el diálogo sigue cortado. (DIB)
