Por Redacción Grupo La Verdad
El concejal de Alianza La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa Civil del Concejo Deliberante de Junín, Leonel Juliá, destacó la aprobación por unanimidad de la comunicación mediante la cual el cuerpo solicitó al gobernador Axel Kicillof avanzar con la prohibición del uso de teléfonos celulares por parte de los internos alojados en cárceles bonaerenses. Además, se pronunció sobre el debate por el cobro de tasas municipales en las boletas de luz y gas y respaldó la postura del Gobierno nacional.
En diálogo con Grupo La Verdad, el edil aclaró que la iniciativa sobre los celulares no fue un proyecto exclusivo de La Libertad Avanza ni del Concejo Deliberante de Junín, sino que forma parte de una discusión que desde hace tiempo se viene impulsando en distintos ámbitos legislativos.
«Hay varios proyectos presentados en la Legislatura bonaerense. Uno de ellos fue impulsado por el senador Pablo Petrecca y también existen iniciativas de La Libertad Avanza y de otros sectores políticos, pero por distintos motivos no están siendo tratadas», explicó.
«Lo que nosotros optamos por hacer desde el Concejo Deliberante de Junín fue enviar una comunicación directa al gobernador para que desde el Ejecutivo empiece a trabajar con esta prohibición sin esperar al Poder Legislativo. No sabemos si esto se va a tratar el mes que viene o en noviembre o diciembre. El bloqueo no puede esperar porque los delitos siguen estando y las estafas siguen estando», afirmó.
«Es un pedido al gobernador manifestando una necesidad imperiosa: que se terminen los celulares indiscriminadamente en las cárceles de la provincia de Buenos Aires», señaló.
El concejal sostuvo que las investigaciones judiciales muestran cómo funcionan muchas de las estafas telefónicas organizadas desde establecimientos penitenciarios.
«Después todo termina con allanamientos en las mismas cárceles. Se encuentran celulares, escritos con las frases puntuales que tienen que decir, como si fuese un manual de marcas. Se van pasando el celular uno con otro, cambian las voces y tienen un manual para cometer el delito», expresó.
Para fundamentar la urgencia de la medida, Juliá hizo referencia al caso del soldado Rodrigo, el joven de 21 años que se quitó la vida tras ser víctima de reiteradas presiones telefónicas.
«No solamente se llevan la plata de los ciudadanos; a veces también se llevan vidas. En este caso se confirmó que las llamadas salían de cárceles bonaerenses y terminó con un joven que se suicidó. No es un tema menor», sostuvo.
El debate por las tasas municipales
Durante la entrevista, el edil también fue consultado sobre el dictamen del procurador general interino Eduardo Casal, quien se pronunció ante la Corte Suprema a favor de que el Estado nacional pueda impedir que los municipios incluyan tasas locales en las facturas de luz y gas.
Juliá ratificó el respaldo de La Libertad Avanza a esa medida y recordó que forma parte de la política impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
«Apoyamos totalmente esa medida y somos conscientes de que eso va a traer una baja en la cobrabilidad de las tasas municipales», indicó.
No obstante, consideró que esa situación obligará a los municipios a fortalecer la calidad de los servicios que prestan para incentivar el pago directo por parte de los contribuyentes.
La tasa de seguridad
El concejal hizo una diferenciación respecto de algunas tasas que consideró esenciales para el funcionamiento de los municipios, entre ellas la destinada a seguridad.
«Tenemos que ser conscientes de que hay tasas muy importantes. Si vamos a lo que baja la Provincia para que funcionen los patrulleros, tendríamos seguridad cinco días en un mes de treinta», afirmó.
Según explicó, en algunos distritos bonaerenses cada móvil policial recibe apenas 60 litros de combustible cada quince días, por lo que advirtió que la eliminación de esa fuente de financiamiento requerirá mecanismos alternativos para sostener el servicio.
«Si esa tasa desaparece, habrá que garantizar de otra manera los recursos para combustible, mantenimiento de móviles, infraestructura y equipamiento», sostuvo.
De todos modos, evitó cuestionar la situación particular de Junín y reconoció que, a diferencia de otros municipios, la ciudad mantiene una buena prestación de servicios.
«En Junín vemos bacheo, iluminación, cordón cuneta, consorcios y un sistema de seguridad que funciona. El reciente esclarecimiento del caso de la menor desaparecida tuvo un aporte muy importante del Centro de Operaciones y Monitoreo, que permitió seguir los movimientos a través de las cámaras», concluyó.
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