Intendentes de todo el país evalúan denunciar al ministro de Economía, Luis Caputo, por presunta malversación de caudales públicos, tras advertir sobre la retención indebida de fondos destinados a infraestructura vial y la falta de respuesta del Gobierno.
Luego de presentar un documento ante el Ministerio de Economía, la Federación Argentina de Municipios (FAM) avanzó en consultas con asesores letrados para impulsar una acción judicial si no se abre una instancia de diálogo para normalizar el flujo de recursos.
De acuerdo con la entidad, el artículo 19 de la ley 23.966, modificado por la ley 27.430, establece que parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, con un tope del 20% para obras ferroviarias y el resto para obras viales, conforme el decreto 976/2001.
Los jefes comunales señalaron que la retención de esos fondos genera perjuicios directos en las comunidades y podría configurar el delito de malversación. En ese sentido, indicaron que el año pasado se recaudaron 3,5 billones de pesos para el fideicomiso, de los cuales Vialidad debería haber recibido 2,25 billones, pero solo se le transfirieron 1,2 billones.
“Ese dinero se destina a la especulación financiera vía emisión y pago de bonos, compra de dólares y para favorecer el carry trade”, afirmó una intendenta tras la presentación en Economía, en declaraciones consignadas por la Agencia Noticias Argentinas.
La reunión se realizó en la sede de la FAM, que agrupa a más de 500 intendentes, y fue encabezada por su titular, Fernando Espinoza, junto a representantes de distintos espacios políticos, quienes resolvieron avanzar con una estrategia judicial si no hay una convocatoria urgente del Gobierno.
En paralelo, trascendió que en la Casa Rosada existe preocupación por eventuales denuncias y posibles investigaciones judiciales sobre estos desvíos, en un contexto donde también se analizan movimientos en tribunales federales.
Asimismo, el documento presentado por los intendentes indicó que entre el 1 de enero y el 31 de marzo el Estado recaudó 1,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles sin destinarlos a obras ni a reducir el precio de los combustibles.
“La situación es apremiante y los recursos se agotan. Pedimos diálogo para encontrar soluciones, pero si no somos escuchados no queda otra opción”, sostuvo uno de los miembros de la FAM.
