El escándalo protagonizado por hinchas de Independiente y la Universidad de Chile, por el desquite de los octavos de final de la Copa Sudamericana, terminó con un partido cancelado y un fuerte castigo para el club argentino. La resolución, tras los graves incidentes que se vivieron en la noche del 20 de agosto pasado en el estadio Libertadores de América, derivaron en un fallo de la Conmebol que sancionó al Rojo, que quedó descalificado del certamen. La dirigencia de Independiente prevé apelar el fallo de inmediato ante la Comisión de Apelaciones de la Conmebol.
Esa fue la decisión de la entidad luego de la audiencia que se realizó hace un par de días en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, en la que participaron dirigentes y abogados de Independiente y Universidad de Chile para explicar de manera presencial lo que, de acuerdo con sus criterios, sucedió hace dos semanas en Avellaneda.
En los considerandos de la resolución, la Comisión Disciplinaria presidida por Eduardo Gross Brown dispuso “descalificar al Club Atlético Independiente sin exclusión de futuras competiciones”, así como la “obligación de jugar puerta cerrada los siguientes 7 partidos en condición de local en competiciones de la Conmebol”, y también los próximos siete partidos como visitante sin aficionados.
La sanción incluye también un fuerte castigo económico: primero, una multa de 150.000 dólares, a descontar de los ingresos por derechos televisivos, y otra de US$ 100.000 por infracción al código disciplinario de la Conmebol.
De su lado, Universidad de Chile avanzó entonces como ganador de esta serie por los octavos de final y se enfrentará ahora con Alianza Lima, de Perú, el equipo dirigido por Néstor Gorosito. En su caso, la Conmebol le impuso la obligación de jugar 7 partidos como local a puertas cerradas, y la misma cantidad de encuentros como visitante sin presencia de sus hinchas, mientras que en concepto de multas pagará algo más que el Rojo: US$ 270.000.
El ente rector del fútbol subcontinental había solicitado extrema confidencialidad sobre lo dicho en la sala en la que se realizó el encuentro aunque, en principio, no se añadió mucho a los descargos que los dos clubes habían remitido por escrito. “Todo el mundo sabe lo que viene diciendo cada una de las partes y no hubo nada nuevo. Nosotros pudimos reiterar nuestra verdad y los abogados estuvieron muy bien”, señaló Néstor Grindetti, el presidente de Independiente. “Estamos tranquilos. Expusimos nuestros argumentos de forma clara y concisa. Yo me voy contento”, dijo a su vez Michael Clark, titular de Azul Azul, la gerenciadora de Universidad de Chile. El fallo terminó dándole la razón al club de Santiago.
El principal argumento que fundamentaba la posición de la U es que en todos sus fallos Conmebol hace pagar las consecuencias al club organizador, y de hecho, varias entidades chilenas han recibido sanciones por desmanes cuando actuaron como locales (Colo Colo fue la última, este año).
Mientras las especulaciones sobrevolaban Luque, en Argentina la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) decidió prohibir en la provincia de Buenos Aires el ingreso de público visitante para los partidos que allí juegue Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027, y la concurrencia a espectáculos deportivos a 41 individuos (identificados con nombre, apellido, número de DNI y, en algunos casos, domicilios) como integrantes de la barra brava de Independiente, que agredió de manera salvaje a los hinchas chilenos en la tribuna Pavoni alta.
