El PAMI, la obra social de los jubilados, adhirió formalmente este lunes al llamado Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud ( Promesa), un programa extrajudicial con el que el Gobierno nacional busca bajar el número de amparos judiciales por denuncias de incumplimiento de parte de los prestadores de salud.
Aunque el Promesa fue lanzado por el Ministerio de Salud a mitad de año y afecta a todas las obras sociales y prepagas, la adhesión del PAMI exigía una resolución especial, dado que el Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (INSSJP, alias PAMI) es un organismo descentralizado.
El Promesa consiste en un sistema donde los afiliados presentan sus quejas o solicitudes ante la obra social, y un mediador, junto con representantes de PAMI y de la autoridad sanitaria, interviene para ayudar a las partes a lograr un acuerdo.
La medida favorece especialmente a los jubilados y pensionados y a sus familiares, ya que elimina muchos de los trámites burocráticos habituales y acorta los tiempos de espera. Así, el beneficiario podrá obtener respuestas ante problemas en la prestación médica, entregas de medicamentos o cualquier tema vinculado con su cobertura, sin tener que iniciar un juicio ni recurrir a abogados o instancias complejas.
Gracias a este nuevo mecanismo, quien afilie a PAMI (actualmente tiene 5,7 millones de adeptos, entre jubilados y pensionados) ahora puede optar por Promesa en caso de no recibir la atención, tratamiento o insumo al que tiene derecho. La resolución permite que el trámite se realice en forma electrónica y conecta al interesado directamente con la obra social y la autoridad sanitaria, ahorrando demoras y conflictos legales.
Esto, informaron desde el organismo, representa una diferencia notable frente a la vía judicial: los plazos son más breves, se evita la necesidad de patrocinios legales y el proceso no genera grandes costos para el usuario.
Según la información oficial publicada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), Promesa busca que las personas mayores y pensionadas resuelvan sus reclamos sin tener que pasar por los tribunales, lo cual reduce la carga emocional y los tiempos prolongados que muchas veces representa una demanda judicial. El programa prioriza el contacto directo y el diálogo entre la obra social y el beneficiario, con la intervención de una figura capacitada en mediación sanitaria.
