La Organización ambientalista Greenpeace pidió a la Justicia una medida cautelar para que se garantice la participación oral de los 100 mil inscriptos en las Audiencias Públicas previstas para el miércoles y jueves en la Cámara de Diputados.
Se estima que podrán exponer solo 200 formal presencial en la primera jornada y otros 200 el jueves 26 en la audiencia virtual, con lo cual el resto lo tendrá que mandar por escrito o mandar un video de 5 minutos.
La causa la tienen el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº7 de la Capital Federal, que es subrogado actualmente por Enrique V. Lavié Pico.
Si se acepta el pedido del juez se necesitarán 500 días para realizar las audiencias, según señalaron fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia Noticias Argentinas, aunque desde la oposición señalan que se necesita un criterio intermedio entre 400 y 100 mil expositores.
La organización ambientalista rechaza la resolución de los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoráz, que estableció que el miércoles 25 en forma presencial lo podrán hacer los primeros inscriptos de cada provincia, y lo mismo sucederá en la audiencia virtual.
En el escrito, Greenpeace pide que se ordene “al Congreso de la Nación garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública convocada a los efectos de recibir opiniones” sobre la reforma de la ley de Glaciares aprobada por el Senado.
“A tales efectos, se solicita la readecuación del cronograma de audiencias previsto para el 25 y 26 de marzo, mediante su ampliación y/o realización de jornadas adicionales, así como la adopción de todas las medidas organizativas necesarias para permitir la participación oral y efectiva de las personas inscriptas”, agrega.
También pide que “se requiere que el Congreso se abstenga de implementar mecanismos que sustituyan o restrinjan la participación oral –– como su reemplazo por presentaciones en formato audiovisual y/o el envío de un video a YouTube –– por resultar incompatible con los estándares más elementales de participación pública”.
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