Diputados nacionales de una amplia gama de fuerzas políticas opositoras presentaron proyectos de ley para reponer el Fondo Nacional de Incentivo Docente, cuya vigencia terminó el 31 de diciembre pasado y el Gobierno de Javier Milei decidió no prorrogarlo ni girar partidas después de 25 años de aplicación ininterrumpida.
“La educación es una responsabilidad provincial», fue la lacónica respuesta del ministro del Interior, Guillermo Francos, ante el reclamo de los ministros de Educación provinciales.
El giro de estas transferencias, sin embargo, ya estaban presupuestadas por un valor de casi 47 mi millones de pesos, lo que representaba una caída real del 16,6% según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Hasta ahora sólo se giraron $12 millones para todo el país y la decisión gubernamental es ya no girar ni un solo peso más.
Se trata de una decisión de enorme impacto que ya que genera una estocada en el financiamiento de la educación, especialmente la pública, justo en los días previos al inicio del ciclo lectivo.
Debido a la sensibilidad del tema, que introduce otro frente de conflictividad para el Gobierno a apenas dos meses de haber desembarcado en la Casa Rosada, la comunidad docente está en estado de alerta y el comienzo de las clases en muchos distritos está en duda.
En este contexto de extrema susceptibilidad y preocupación, se multiplicaron los proyectos de ley que buscan revertir la decisión de Milei y prorrogar el FONID por un plazo de entre dos y cinco años.
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