La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que ordena otorgar un aumento salarial al personal docente y no docente de las universidades nacionales, convocar a paritarias e incrementar los fondos destinados a becas contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025. La decisión se produjo luego de que el máximo tribunal rechazara el recurso extraordinario presentado por el Gobierno contra la resolución de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que había ratificado esa cautelar.
La resolución de la Corte deja firmes puntos que coinciden con el acuerdo alcanzado el 10 de este mes entre el Gobierno y los rectores universitarios respecto de los incrementos salariales. Sin embargo, las universidades mantienen sus reclamos para que se aplique plenamente la ley. Tras conocerse la decisión judicial, los gremios adelantaron que reclamarán una recomposición salarial del 32,5%.
“Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. Luchar por lo correcto siempre vale la pena”, declaró el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, en X.
El fallo obliga a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Educativo, que prevén actualizaciones salariales desde 2023 hasta la actualidad y un aumento de las Becas Progresar. En cambio, el acuerdo firmado contempla una recomposición de menor alcance y únicamente incorpora mejoras para las Becas Manuel Belgrano.
Según el acta, el incremento salarial será del 24,33%, distribuido en un 21,33% durante junio y un 3% adicional en octubre. El esquema incluye la recomposición correspondiente a 2025, la actualización por inflación hasta mayo de 2026 y un adicional del 7% destinado a compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo registrada en 2024. Allí radica una de las principales diferencias con la ley respaldada por el Congreso, ya que la norma prevé una recuperación salarial retroactiva al 1° de diciembre de 2023.
