Desde su sanción, la Ley de Financiamiento Universitario supone uno de los grandes conflictos para el Gobierno nacional que estudiaba, por estos días, la manera de readaptar los números para hacer frente al fallo judicial que obliga a su cumplimiento.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, el oficialismo madura una nueva convocatoria a rectores y autoridades universitarias para principios de mayo con intención de alcanzar un acuerdo que deje conforme a las partes.
En varios despachos de Balcarce 50 sostiene que en febrero hubo un principio de acuerdo, que le atribuyen al asesor presidencial, Santiago Caputo, que aspiraba a recomponer los salarios docentes y no docentes en un 12,3% de lo licuado en 2025, pero que no prosperó debido a los prolongados plazos de los tiempos legislativos.
Desde el Salón Martín Fierro señalan contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y lo responsabilizan de “haber pisado” el proyecto. En el entorno del legislador descartan la posibilidad y aseguran que las prioridades las fija la Casa Rosada en función de las necesidades.
“Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar, en el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley”, confesó un alfil libertario ante este medio.
A través de un recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, la administración libertaria aspira a ganar tiempo luego de que la inflación del mes de marzo que se ubicó en 3,4% complejizó los planes. “Los votos estaban”, se jactan desde una de las tribus violetas.
“Estamos viendo de intentar arreglar el stock pasado y plantear una nueva discusión en el Congreso”, confesó una voz con acceso al despacho presidencial que admitió además que una de las opciones es avanzar por decreto.
Lo cierto es que las autoridades universitarias comienzan a impacientarse y maduran una nueva movilización para los primeros días de mayo. Además, descartan la existencia de un acuerdo con el Ejectuvo y aseguran que en febrero solo “hubo un aviso”.
Entre los cuestionamientos figuran la falta de compensación para los puntos salariales perdidos en 2024, y la falta de proyección para este 2026.
Con la cuestión en el temario es que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió el pasado lunes con el ministro de Economía, Luis Caputo, el guardían de los números, y la secretaria de Legal y Ténica, María Ibarzabal Murphy, la coordinadora de la estrategia legal de la procuración.
Los días pasan y la presión persiste. El recuerdo de la movilización universitaria de 2024, la más convocante bajo la era Milei, aún permanece en la memoria de varios funcionarios que garantizan que el problema se va a solucionar.
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