Por José Luis Amado –Periodista agro- exclusivo para GRUPO LA VERDAD
El Consejo Honorario Asesor del Río Salado exhortó al Gobierno “a reactivar de manera inmediata” el dragado de ese río en su Tramo IV. 2, así como a comprometerse activamente para continuar con el conjunto de trabajos que incluyen las imprescindibles obras complementarias previstas en el Plan Maestro Integral, iniciado hace ya más de 20 años”. Los ruralistas vienen reclamando por freno en unos 30 kilómetros.
“Acertadamente, fue calificado como prioritario hace menos de un año por la Subsecretaría de Recursos Hídricos (de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación), así como al compromiso para con la prosecución integral del Plan Maestro junto a la provincia de Buenos Aires, incluyendo las imprescindibles obras complementarias en los cauces afluentes del Salado, sin las cuales el proyecto no cumplirá su preciado objetivo, relacionado a la prevención y/o mitigación de inundaciones en la amplia cuenca del río», dijo la entidad integrada por representantes de Coninagro, Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
En un comunicado recuerdan que “la paralización de la mencionada etapa, que de hecho ya era evidente hacia fines del año último, fue formalizada a mediados de marzo pasado, mediante la modalidad administrativa de neutralización, por un plazo de 60 días”.
“Su inminente vencimiento nos impone solicitar que no se reitere ese procedimiento y, en cumplimiento de los correspondientes contratos, se avance sin demoras hacia la urgente y necesaria reanudación de las obras”, remarcaron en la entidad presidida por Alberto Larrañaga.
“Una vez más señalamos que el impacto de la paralización de un solo tramo, como el IV. 2 (que se extiende desde la ruta nacional 205 hasta el puente de Ernestina-Elvira, entre los partidos de 25 de Mayo y Lobos), va más allá del mismo, pues retarda y afecta también el desarrollo de todo un conjunto de obras largamente esperadas por comunidades del interior que, de manera recurrente, sufren los azotes de las inundaciones que el Plan Maestro Integral apunta a prevenir o mitigar», añadieron.
Por estos motivos, sostuvieron que “el Estado nacional no puede postergar ni desentenderse del destino del Plan Maestro”. Entre otros fundamentos, recordaron que es sabido que “los avances del Plan Maestro impactarán favorablemente en las cuentas fiscales del Estado nacional como beneficiario de la tasa de retorno de la inversión en obra pública”.
“A partir de los distintos gravámenes que pesan no solo sobre la producción agraria, sino también sobre el conjunto de actividades económicas que resultan fuertemente afectadas por los efectos de las reiteradas inundaciones, con consecuencias que se extienden a la recaudación fiscal y distintos índices macroeconómicos”, detallaron.
“Respecto del perjuicio fiscal y pérdidas en general por causa de las inundaciones, es recomendable ver los trabajos e investigaciones publicadas al respecto por organizaciones prestigiosas como el Banco Mundial (BM) y la Organización Meteorológica Mundial (WMO), entre otras”, aconsejaron.
En esa línea, indicaron que es el Estado nacional el que cuenta con el Fideicomiso de Infraestructura Hidráulica, conocido como Fondo Hídrico, cuyos orígenes están vinculados al mismo Plan Maestro y sus recursos son afectados a obras hídricas, por imposición del marco legal correspondiente, sin exclusión de otras posibles vías de financiamiento.
“Se trata de una obra de carácter federal, que, aunque abarca buena parte del territorio bonaerense, está ineludiblemente vinculada a los escurrimientos hídricos de otras provincias, como Santa Fe, donde tiene sus nacientes el río Salado; el sur de Córdoba; el noreste de La Pampa y hasta San Luis, por las aguas del río Quinto», describieron.
Por último, destacaron que “la Cuenca del Salado por sí misma explica del 25 al 30% de la producción agrícola y ganadera de la Argentina, sin olvidar al resto de las incontables actividades económicas y sociales que en la misma padecen de manera reiterada las graves inundaciones».
“Estos efectos se extienden también a la infraestructura vial, así como al acceso a servicios esenciales, entre otras lamentables consecuencias, y conspiran contra el arraigo en las comunidades rurales y el desarrollo de esa gran región del interior”, finalizaron.
