Grupo La Verdad entrevistó al Dr. Darío De Ciervo, abogado penalista de vasta trayectoria, quien sostuvo la necesidad de avanzar hacia un nuevo Código Penal, aunque mostró sus reparos y críticas hacia el reciente proyecto presentado por el Gobierno nacional debido a las irregularidades que contiene según su perspectiva. “Hay muchas cuestiones que son inaplicables”, aseveró.
Por Redacción Grupo La Verdad
Cabe recordar que días atrás el presidente de la Nación, Javier Milei, junto a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron en el Complejo Penitenciario de Ezeiza el denominado “Plan de Tolerancia Cero con el Crimen” y el proyecto de reforma para un nuevo Código Penal, como reemplazo del texto vigente desde el año 1921. El Gobierno nacional buscará que dicho proyecto sea tratado por el Congreso lo más pronto posible, aunque los especialistas ponen en duda su aprobación debido a la falta de consenso que hay alrededor del mismo.
Entrevistado por Ricardo Avaca para el programa “Amanece que no es poco” por LT20 AM 1470, el Dr. De Ciervo, abogado penalista, miembro académico del Consejo de la Magistratura, ex director del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Junín, y docente de grado y posgrado afirmó: “No hay ningún tipo de duda de que el Código Penal necesita reformarse porque el que tenemos ahora es muy anticuado, tal es así que lleva 100 años de vigencia con sus múltiples reformas y parches de por medio”.
Seguidamente, De Ciervo aseguró que “además hay que tener en cuenta que contamos con numerosas leyes dispersas, por eso es que con el proyecto de reforma al Código Penal que impulsa el Gobierno nacional se pasaría de 316 artículos a más de 900”.
Además, el letrado subrayó que “hay un montón de reformas y cambios que son innecesarios y algunos podrían contrariar otras normas, como sucede por ejemplo con la baja de la edad de imputabilidad que entra en contradicción con recomendaciones de organismos e instrumentos internacionales que tienen jerarquía constitucional, por lo cual sin dudas que va a generar problemas en el Congreso cuando se discuta”.
“No obstante, también contiene algunas novedades que son interesantes como la suspensión del juicio a prueba o lo que vulgarmente se conoce como ‘probation’, en los que hasta ahora en los códigos procesales se consideraba como vinculante la opinión de los fiscales”, expresó y continuó: “Con la modificación que se propone con este proyecto se podría prescindir -bajo ciertas pautas- de la opinión de los fiscales, de manera tal que si el juez considera procedente y el damnificado es consultado puede otorgar la medida aunque el fiscal se oponga”.
En otro tramo del reportaje telefónico, el Dr. De Ciervo subrayó que “se propone un aumento de las penas en la mayoría de los delitos, en el caso de los más comunes como homicidio simple las penas se elevarían de 10 a 30 años de prisión”. En este sentido, profundizó las críticas al argumentar que “hay una especie de populismo punitivo en la esencia del proyecto, porque el sistema de penas del CP ya es intenso, pero el problema radica en la aplicación, prevención y la corrupción”, y continuó: “En un país vulnerable como el nuestro con tentaciones en varios espacios, el aumento de penas suele aumentar el riesgo de corrupción”.
A continuación, recalcó que “también se agregaron delitos modernos vinculados al avance tecnológico (informáticos, inteligencia artificial, etc.).»
Otra técnica deficiente que se advierte en principio es que se agregaron agravantes para dosificar las penas que también constituyen características de ciertos delitos para una correcta tipificación. Doy un ejemplo se considera un agravante genérico «la traición de la confianza personal, profesional y/o social», pero hay delitos como una modalidad de la estafa que se produce por abuso de confianza, de modo que no se podrían aplicar una agravante que constituye un elemento del tipo penal. Se lesionaría el principio de la prohibición de doble juzgamiento (non bis in idem), por ejemplo.
Posteriormente, indicó que “otras medidas son la imprescriptibilidad de ciertos delitos graves por fuera de los delitos de lesa humanidad», lo que indudablemente traerá inconvenientes en el debate parlamentario por la inseguridad jurídica que ello conlleva, entre otras turbulencias con instrumentos internacionales.
Asimismo, el profesional en Abogacía consideró que “a grandes rasgos se evidencia que se trata de un proyecto terminado a las apuradas, con una comisión integrada por algunos pocos juristas prestigiosos y con una notoria falta de pluralidad de voces”, y ahondó: “Una reforma semejante debería haber sido consultada con representantes de varias universidades, docentes universitarios y más miembros del Poder Judicial”. Igualmente, dijo que “el tratamiento de semejante proyecto requiere que haya un consenso que sea lo más amplio posible, porque cuando ingrese al Congreso los legisladores van a tener mucho para debatir con todas las inconsistencias que contiene”.
A modo de cierre, Darío De Ciervo comentó que “hay muchas cuestiones dentro del proyecto que son inaplicables o son muy opinables, y me extraña que dentro de la comisión no se hayan tenido en cuenta y corregido a tiempo”, y concluyó: “La gran mayoría de las críticas se conectan con técnicas deficientes, más allá de cualquier ideología. Un código penal requiere siempre una sistematización y una estricta observancia de los principios de razonabilidad y proporcionalidad»
“Es una falacia pensar que endurecer las penas va a disuadir el delito”, aseguró Ricci
Entrevistada por Ricardo Avaca para el programa “Amanece que no es poco” por LT20 AM 1470, la Dra. Pamela Ricci, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°4, expresó que “la reforma e impulso de un nuevo Código Penal debe darse mediante un proceso con pluralidad de voces, algo que no se ve reflejado desde mi punto de vista con este proyecto que presentó el Gobierno nacional”, y ahondó: “El proyecto atomiza todas las disposiciones normativas que hoy se encuentran dispersas en las leyes complementarias”.
Seguidamente, Ricci manifestó que “el Código Penal contiene cerca de 300 artículos que se vinculan con figuras específicas de la parte penal que son los delitos, y luego están las diferentes leyes complementarias dispersas, pero que los operadores las utilizamos de todos modos porque es la ley a la que debemos acogernos”.
“No creo que sea un proyecto que haya reunido la suficiente cantidad de voces, por más que hayan participado figuras de mucha experiencia y eminencias como Jorge Buompadre”, consideró la fiscal y prosiguió: “Esto no va a contribuir a disminuir el índice delictivo, sino que por el contrario está demostrado que el endurecimiento de las penas no reducen los delitos”.
La fiscal agregó: «las causas de los delitos son estructurales y multicausales y la motivación que acompaña el accionar de los delincuentes no se vincula con el monto de las pena sino que obedecen a otros factores».
Asimismo, la entrevistada recalcó que “los actores que intervienen en el sistema penal deben ser tenidos en cuenta, incluso aquellos que se dedican a la prevención y disolución de delitos desde el Ministerio de Seguridad, porque pueden brindar una mirada acabada sobre las causas estructurales que generan el delito”.
“Es una falacia pensar que la amenaza con leyes más duras va a disuadir a los autores de cometer delitos, porque de esta manera no se tienen en cuenta las cuestiones estructurales que son las que llevan a la comisión de delitos”, remarcó y completó: “Cada delito tiene una motivación distinta en el autor que despliega esa conducta, de modo tal que la sola amenaza con penas más severas no van a servir como disuasión para que no se cometan”.
La funcionaria también subrayó que “la mirada positiva que encuentro sobre este proyecto reside en que la comunidad va cambiando naturalmente y la ley debe acompañar estos cambios, sobre todo en lo que respecta al uso de las nuevas tecnologías”.
Por último, la fiscal Pamela Ricci hizo alusión a los límites de los beneficios para condenados que el proyecto contiene y señaló: “No es más que una reedición de la Ley de Ejecución Penal N°24460, que ya limitaba de por sí el acceso al régimen de progresividad en este tipo de delitos”, y profundizó: “Hoy en día en el caso de juicios por agresiones sexuales, ya se sabe de antemano que esa persona no va a acceder a libertad asistida, condicional, ni ningún régimen de semilibertad”.
Benito: «Se necesita más trabajo y menos humo»
El presidente de la Nación, Javier Milei, presentó su proyecto de reforma del Código Penal, y durante su discurso, Milei destacó la necesidad de implementar una política de “tolerancia cero” para combatir el delito, afirmando que “el que las hace, las paga” y que el orden es una precondición para “hacer grande a la Argentina nuevamente”.
Al respecto, el secretario de Seguridad del municipio de Junín, Lisandro Benito, cuestionó el alcance de la iniciativa. “En términos generales es algo vago, para la tribuna. Lo que se necesita es inversión para luchar contra el delito, y las penas duras probablemente sean algo debatible en algún tipo de delito. Hay cuestiones procesales que habría que revisar”, señaló.
Benito enfatizó que las reformas penales por sí solas no resuelven la problemática del narcotráfico ni de la criminalidad organizada: “La política debe tomar decisiones concretas, como ocurrió en Santa Fe, donde los narcos manejaban sus negocios desde la cárcel con celular, y se los quitaron. Esa normativa no requiere una reforma penal”.
Para el funcionario local, las medidas anunciadas son “reacciones espasmódicas” y consideró que lo que realmente se necesita es “trabajo coordinado en serio y no discursos tribunistas”.
En este sentido, Benito destacó la importancia de contar con herramientas, recursos y coordinación entre el Estado y las fuerzas de seguridad para enfrentar de manera efectiva el crimen organizado, haciendo hincapié en que la inversión y la planificación son más efectivas que la simple promulgación de normas.
