“Queremos cursar”. “Queremos hacerlo presencialmente y tranquilos”. “Queremos seguir siendo la universidad de excelencia que somos”. Las frases se suceden en el video que circula en redes, con los rostros de estudiantes que convocan a la nueva Marcha Federal Universitaria. La cita será el próximo miércoles 17 de septiembre frente al Congreso Nacional.
La consigna, repetida como un mantra, busca despejar cualquier equívoco: “Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos”. El mensaje apunta al corazón del conflicto abierto por el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, que había logrado una amplia mayoría en Diputados con 158 votos afirmativos, 75 en contra y 5 abstenciones, pero quedó a un voto de alcanzar los dos tercios necesarios. Ese umbral especial habría blindado la sanción e impedido que el presidente pudiera vetarla.
La norma vetada contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes frente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, además de un aumento progresivo del financiamiento hasta alcanzar el 1,5% del PBI. Junto con la norma universitaria, el Congreso había sancionado también la ley de emergencia del Hospital Garrahan, otro símbolo de lo público, que igualmente fue alcanzado por el veto presidencial. Y por el que también se marchará.
La marcha es de todos: estudiantes, docentes y no docentes de cada una de las universidades nacionales, desde el norte hasta la Patagonia. En cada facultad se repite la misma preocupación: garantizar que la universidad pública siga en pie.
