El Gobierno informó este jueves que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo en la causa vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario y dispuso suspender una medida cautelar vigente hasta que intervenga la Corte Suprema de Justicia.
La decisión judicial fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que precisó que el recurso fue presentado en el expediente “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”, iniciado a raíz de cuestionamientos sobre la aplicación de la Ley N° 27.775.
Según indicó la cartera nacional, el planteo del Gobierno estuvo dirigido contra la resolución dictada el pasado 31 de marzo por la Sala III de la Cámara y fue acompañado por un pedido de efecto suspensivo, que finalmente fue aceptado por el tribunal.
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida implica que la cautelar quedará suspendida hasta que la Corte Suprema se pronuncie de manera definitiva sobre el caso.
El Ejecutivo recordó además que la Ley de Financiamiento Universitario había sido promulgada mediante el Decreto 759/25, aunque su ejecución quedó paralizada bajo el argumento de que el Congreso no determinó las fuentes específicas para solventarla.
En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la implementación de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”, uno de los principales ejes de la política económica de la administración nacional.
Por último, el Ministerio de Capital Humano ratificó el compromiso oficial con “el derecho de enseñar y aprender”, aunque subrayó que ese objetivo debe sostenerse dentro de un esquema de “sostenibilidad fiscal” y de uso “eficiente” de los recursos del Estado.
La novedad judicial se conoció además en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para este martes. La movilización, impulsada por rectores, gremios docentes y centros de estudiantes, buscará volver a visibilizar el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y cuestionar la decisión del Gobierno de llevar el conflicto al terreno judicial mientras continúan las disputas por la asignación de fondos.
