La vicepresidenta Cristina Kirchner, que recibió una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, sostuvo que «está claro que la idea» de los jueces era condenarla, más allá de las pruebas, y al respecto aseguró que «esto es un Estado paralelo y mafia judicial».
La ex presidenta y líder del peronismo enfrentaba un pedido de 12 años de cárcel por asociación ilícita (por este delito resultó absuelta) y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en la causa sobre redireccionamiento de las obras de Vialidad en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez.
«Esto no es ni Lawfare ni partido judicial. Esto es un Estado paralelo y mafia judicial».
A propósito de esto dijo que «la confirmación de un sistema paraestatal donde se dice sobre la vida, el patrimonio y la libertad del conjunto de los argentinos y que está por afuera de los resultados electorales lo vimos este fin de semana» cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a la estancia Lago Escondido financiado supuestamente por una empresa de multimedio.
Al exponer a través de YouTube una serie de puntos sobre la causa Vialidad y tras varias críticas al Poder Judicial, la ex mandataria nacional adelantó que no va a “a someter a la fuerza política” que le dio “el honor de ser dos veces presidenta y una vez vicepresidenta” a que “la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada”.
“El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero”, reiteró.
Así lo sostuvo la propia ex mandataria nacional en la transmisión que hizo apenas unos minutos después de que el Tribunal Oral Federal N° 2 leyera la condena en su contra, en la que la encontró culpable de administración fraudulenta de bienes del Estado y de ser la jefa de una asociación ilícita.
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