Empresarios de la construcción se declararon en “estado de emergencia” al señalar que el sector puede soportar sólo “unas pocas semanas”, advirtieron sobre un “quiebre de la cadena de pagos” y alertaron sobre la posibilidad de 200.000 despidos.
La declaración fue emitida por la Cámara Argentina de la Construcción (Comarco) en el marco de su 143° Consejo Federal, encuentro que fue motivado por la “excepcional gravedad de la situación” que atraviesa la actividad.
Comarco representa a empresas que generan más de 500.000 puestos de trabajo en forma directa. El Consejo Federal es el órgano superior, donde están representadas más de 1.400 empresas socias, de toda envergadura y de todo el país.
La institución informó que los consejeros presentes en el encuentro plantearon los problemas que enfrentan, muchos de carácter terminal; y emitieron una cruda declaración de estado de emergencia.
“No puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses”, señalaron.
Y agregaron: “Este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica”.
Comarco señaló que el país vive un estado de emergencia económica y social que “ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023 agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos”.
“En todo el país, el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones”, aseguraron.
La Comarco le pidió al Gobierno nacional y a los provinciales que instrumenten medidas que “al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector”. “Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos”, indicaron desde la institución. (DIB)
