Ecuador terminó de zambullirse en su más severa crisis de seguridad, con la fuga de dos líderes de bandas criminales, ataques explosivos en varias ciudades, incendios de automóviles y motines multiplicados en varias cárceles con retención de agentes penitenciarios, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar al país en estado de «conflicto armado interno» y ordenar a las Fuerzas Armadas «ejecutar operaciones militares para neutralizar» el accionar de una veintena de organizaciones.
El decreto ejecutivo reforma el estado de excepción vigente desde ayer y reconoce la existencia de un conflicto armado interno, por lo que dispone la movilización e intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía en el territorio nacional.
El texto pareció la respuesta al copamiento de un canal de televisiçón en Guayaquil por parte de una banda armada, pero en verdad fue el corolario de una jornada en la que se registraron episodios de violencia en al menos una decena de ciudades y el momento previo a otros gravísimos hechos posteriores, entre ellos tiroteos cerca del palacio de Carondelet -sede del Ejecutivo- y un intento de toma de la Universidad de Guayaquil por parte de encapuchados.
Las redes sociales mostraron, con una fluidez que hacía imposible verificar la información, imágenes de presos amotinados y amenazando a guardias, corridas en universidades, autos incendiados, explosiones en una estación policial y frente a la casa del titular de la Corte Suprema y hasta la voladura de un puente.
El agravamiento de la crisis pareció iniciarse con la fuga de Adolfo Macías, alias «Fito», jefe de la banda Los Choneros, que estaba preso en Guayaquil, y se sumó el lunes la de Fabricio Colón Pico, uno de los líderes de Los Lobos, detenido el viernes por su presunta responsabilidad en un plan para asesinar a la fiscal general.
El programa de recompensas que Estados Unidos financia en Ecuador anunció dinero para quienes aporten información, pero no detalló la suma.
Macías cumplía una condena a 34 años en la cárcel Regional de Guayaquil por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato y estaba señalado como quien amenazó al candidato presidencial Fernando Villavicencio, muerto a balazos en agosto tras un acto de campaña.
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