Los obispos cuestionaron la falta de políticas públicas y advirtieron que sin apoyo estatal, las redes de contención social no pueden sostenerse.
En vísperas de la Jornada Mundial de la ONU contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la jerarquía de la Iglesia Católica en Argentina volvió a pronunciarse con firmeza sobre una problemática que, aseguran, se ha vuelto crítica: el avance del narcotráfico en los barrios más humildes como consecuencia directa del retiro del Estado. A través de un documento titulado “Si el Estado se corre, entra el narcotráfico”, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) alertó sobre la formación de “una suerte de Estado paralelo” donde las redes narco captan a jóvenes sin alternativas.
La declaración lleva la firma del presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo (Mendoza), del cardenal Ángel Rossi (Córdoba), vicepresidente primero, de monseñor Daniel Fernández (Jujuy), vicepresidente segundo, y del secretario general Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro. El texto, además de detallar las consecuencias del crecimiento narco, expresa un agradecimiento explícito a quienes acompañan diariamente a personas con consumos problemáticos desde espacios de contención, como los Hogares de Cristo y los centros barriales de Cáritas.
“La droga mata por dentro, apaga la esperanza y corta proyectos”, advierten los obispos, al tiempo que reclaman políticas urgentes, con financiamiento estatal real y sostenido, para sostener las redes de asistencia que hoy funcionan —en muchos casos— a pulmón y con voluntarios exhaustos. “No se puede seguir esperando que quienes acompañan a los jóvenes más rotos lo hagan sin recursos”, sentencian.
Según el documento, la situación actual expone una ausencia del Estado que es aprovechada por las organizaciones criminales. “Vemos con preocupación y dolor la retirada del Estado. El narcotráfico ocupa el lugar vacío y se convierte en una suerte de ‘Estado paralelo’, donde los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida”.
Los obispos insisten en que la prevención y la educación son “pilares irremplazables” en la lucha contra las adicciones y el narcotráfico, y exigen al Gobierno nacional, así como a las autoridades provinciales y municipales, que reconozcan y sostengan las tareas que ya se desarrollan en el territorio. Advierten, además, que “desfinanciar estas obras, demorar la ayuda o relegarlas a la buena voluntad de voluntarios agotados, es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte”.
Un nuevo gesto crítico hacia el Gobierno
No es la primera vez que la Iglesia Católica se manifiesta con dureza respecto de las políticas del gobierno de Javier Milei. Días atrás, había respaldado el reclamo salarial de los trabajadores del Hospital Garrahan y criticado la desvalorización del personal de salud. También expresó su repudio a la represión a jubilados durante la movilización frente al Congreso.
En esta nueva declaración, el mensaje es claro: el drama de las adicciones no puede combatirse sin la presencia activa del Estado ni con gestos aislados. “Sin el compromiso económico del Estado, esta ardua tarea no se sostiene. Si esta tarea cae, no habrá quien reciba a los que tocan fondo buscando una segunda oportunidad”, concluye el documento. A quienes enfrentan el drama del consumo, les dice la Iglesia: “No se desanimen. Pidan ayuda. No dejen de llamar a la puerta de todos cuantos queremos ayudarlos”.
