El jury contra la jueza Julieta Makintach, suspendida por haber intentado grabar una serie documental en las audiencias del juicio por la muerte de Diego Maradona, comenzará este jueves 6 de noviembre, proceso que podría determinar su destitución o continuidad en el cargo.
El juicio político se llevará a cabo en La Plata y estará a cargo de cinco miembros de la Legislatura provincial (de diversas fuerzas políticas) y cinco abogados conjueces. Este jurado definirá si Makintach continuará o no siendo jueza, un cargo del que se encuentra actualmente suspendida por la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires (SCBA), a raíz de lo sucedido durante el debate por la muerte del exfutbolista.
El jury, que se estima se extenderá por cuatro o cinco jornadas, será dirigido por la jueza Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte, y contará con la acusación de la fiscal general del Departamento Judicial de Necochea, Analía Duarte, en representación de la Procuración bonaerense.
El Colegio de Abogados de San Isidro, el letrado Fernando Burlando y Julio César Coria (detenido por falso testimonio en el juicio de Maradona) son quienes impulsaron el juicio político durante la etapa de acusación. En el proceso son llamados “adjutores”.
El Jury de Enjuiciamiento, también conocido como el proceso de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales, investiga la conducta de los jueces y funcionarios judiciales de instancias inferiores. La función principal es decidir si un juez o funcionario denunciado debe seguir en su cargo o no.
El derrotero de Julieta Makintach
La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires ya había dispuesto semanas atrás el apartamiento preventivo de Makintach. Su abogado, Darío Saldaño, presentó entonces un escrito en el que calificó la medida como “excesiva e injustificada”, ya que regía la licencia que impuso la Suprema Corte hasta agosto y, además, la jueza esperaba que el gobernador Axel Kicillof le acepte la renuncia.
En paralelo al jury, avanza la causa penal a cargo de los fiscales de San Isidro Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, con los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
Los fiscales consideraron que Makintach “bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos -ya sea por la inversión de terceras personas en dicho emprendimiento privado- e indirectos -posteriores ganancias y/o regalías por imagen-, decidió promover y participar personalmente en un proyecto audiovisual en el que sería explotado el desarrollo del juicio, su temática y su función jurisdiccional, por la que iba a desarrollar un rol protagónico”.
Los otros imputados en la causa penal son José María Arnal Ponti, dueño de la productora Ladoblea S.A, el guionista Juan Manuel D’ Emilio y la amiga de Makintach, María Lía Vidal Aleman, quien tuvo la idea de grabar las entrevistas.
