Por Federico Mighella (*)
El gobierno de Javier Milei no sólo ejecuta un ajuste feroz en salud, educación, obra pública y protección social. También lo celebra. ¿Qué ocurre cuando el sufrimiento ajeno se convierte en narrativa de poder y en valor político? ¿Hasta dónde resistirá la sociedad —o ya estamos frente a una nueva hegemonía emocional?
El ajuste, en sí mismo, no es novedad en la historia argentina. Lo que sí resulta nuevo, inquietante, es el modo en que el gobierno actual lo convierte en espectáculo, en performance, en goce público.
Desde su asunción, Javier Milei no ha pedido paciencia ni ha ofrecido compensaciones: ha expuesto cada recorte como un acto de justicia moral. “No hay plata”, repite, con tono burlón, como si fuera una revelación que libera al país de décadas de hipocresía.
En cada área del Estado, no sólo se ajusta: se regodea.
Salud, educación y discapacidad: el precio del desprecio
El caso del Hospital Garrahan —emblema de la salud pediátrica pública en el continente— es ilustrativo. Con recursos congelados y una inflación que licuó sus ingresos, el personal médico cobra sueldos que, en muchos casos, no llegan a cubrir el costo de vida básico. Mientras tanto, el gobierno reduce transferencias nacionales sin ofrecer soluciones, y responde con silencio o desdén ante los reclamos.
La situación de las universidades también evidencia el desdén estructural: una reducción real de más del 70% del presupuesto, prorrogado desde 2023. Sólo una movilización masiva —la más grande desde el retorno democrático— logró forzar una actualización parcial. Aun así, las casas de estudio operan al borde del colapso, con tarifas impagables y sin capacidad de planificación.
El recorte a las personas con discapacidad constituye otra expresión de esta crueldad planificada: suspensión de pensiones, atrasos en pagos a transportistas, baja de prestaciones, desprotección total de familias cuidadoras. Una población estructuralmente vulnerable, convertida en blanco de ajuste y sospecha. Como si su existencia —y su asistencia— fueran lujos que el país ya no puede darse.
En obra pública, la demolición es total: ninguna licitación nueva, contratos suspendidos, trabajadores desocupados y proyectos comunitarios abandonados.
Todo se presenta como virtud. “Derrumbamos la obra pública”, se jactó Milei. “Cerramos 15.000 contratos”, posteó como si fuera una medalla. Lo que para otros era costo político, para él es capital simbólico.
Del gasto al goce: una nueva estética del poder
Lo más preocupante no es solo el ajuste, sino su estetización. El gobierno no se limita a ejecutar medidas difíciles: las convierte en espectáculo. No administra la crisis: la capitaliza emocionalmente. Su núcleo duro no sólo tolera el daño, lo aplaude. Encuentra placer en la herida ajena, si esa herida pertenece a un supuesto “privilegiado del Estado”.
La lógica es clara: lo colectivo es culpable, lo público es sospechoso, el gasto es corrupción. Y si hay dolor, que lo haya. Porque ese dolor “depura”, “corrige”, “repara”.
Mientras tanto, el único sector que realmente festeja es el financiero. Bonos en alza, ganancias extraordinarias para los bancos, tasas reales siderales. El Estado no desaparece: cambia de destinatarios. Ya no transfiere a salud o universidades, sino a Leliqs, pases pasivos y tenedores de deuda.
¿Una nueva hegemonía emocional?
Lo inquietante es el escaso nivel de respuesta social sostenida. ¿Hasta cuándo se tolerará esta combinación de ajuste y desprecio? ¿Estamos frente a una ciudadanía anestesiada, o frente a una nueva hegemonía cultural que justifica el castigo con narrativas de mérito, esfuerzo y castidad fiscal?
Puede que el problema ya no sea solo económico. Puede que estemos discutiendo otra cosa: el lugar de lo común en la imaginación colectiva.
¿Es posible otra salida?
Nada de esto es irreversible. Las sociedades cambian, resisten, reescriben el sentido común. Pero para eso no alcanza con esperar. Hace falta una dirigencia política y cultural que no administre los términos del ajuste, sino que los cuestione de raíz. Que no se conforme con mitigar el daño, sino que proponga otra forma de mirar el mundo.
¿Qué hará la ciudadanía frente a este modelo que duele y se enorgullece de doler? ¿Se resolverá en una elección, o en una crisis?
Porque al final, hay una pregunta que arde:¿Son los médicos del Garrahan —que atienden al 40% de los niños y niñas con cáncer del país— la casta? ¿Lo son los jubilados que no llegan a fin de mes? ¿Lo son los docentes universitarios que sostienen las aulas sin calefacción?¿Lo son los científicos del CONICET, las trabajadoras de la salud, los pibes sin obra social? ¿Lo son las personas con discapacidad a quienes se les suspenden pensiones, prestaciones y traslados, como si fueran un costo indeseado?
Tal vez sean ellos, las víctimas más visibles de este modelo, quienes terminen por impugnarlo. Tal vez sus luchas —silenciosas, familiares, institucionales, callejeras— sean las que devuelvan dignidad al debate público. Y entonces, como tantas veces en la historia argentina, la resistencia vuelva a abrir el horizonte que hoy parece clausurado.
(*) Sociólogo
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