El Gobierno se prepara para anunciar en estos días una fuerte reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que actualmente atraviesa fuertes dificultades para funcionar debido a una deuda millonaria que arrastra desde hace años.
La iniciativa la está llevando adelante el flamante ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, que tomó la resolución de este conflicto como uno de los primeros objetivos para su gestión.
Poco después de haber asumido en el cargo, el funcionario ordenó una exhaustiva auditoria sobre el organismo que ya tenía en mente hacer su antecesor, Luis Petri.
Es que las autoridades nacionales consideran que hubo irregularidades severas en el manejo de la entidad en las administraciones anteriores que terminaron en los problemas operativos que enfrenta en la actualidad.
Con más de 600 mil afiliados, IOSFA es la tercera obra social más grande del Estado, pero tiene un pasivo estimado en unos 200.000 millones de pesos que provocó demoras y cancelaciones en los tratamientos más caros.
Uno de los casos más emblemáticos se da en la localidad bonaerense de Punta Alta, donde, de acuerdo con cifras aportadas por la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de sus 77.000 habitantes, 42.000 tienen IOSFA y sufren “meses de atraso en todas las prestaciones”.
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