Contra su voluntad, el Gobierno activó la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, según notificó la Procuración del Tesoro al juzgado federal de Campana, que había intimado al Ejecutivo la ejecución urgente de la normativa en un fallo firmado el 12 de diciembre.
El plazo de la intimación vencía este lunes, y el Gobierno presentó informes que exhiben el grado de avance de los procesos administrativos necesarios para dar cumplimiento a la Ley N° 27.793 que sancionó el Congreso, para dar cuenta del cumplimiento del fallo.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay giró el documento al colectivo que impulsó la demanda y a la Asesoría de Menores para que den su opinión respecto de lo informado por el Gobierno. Tras escuchar a todas las partes, el juez resolverá si el Ministerio de Salud cumple o no la orden judicial.
La ley mejora los mecanismos de financiamiento para sostener el Sistema de Prestaciones Básicas, que incluye las pensiones a los beneficiarios y los aranceles de los prestadores de servicios.
