Por Nicolás Gauna (*)
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) impulsado por el presidente Javier Milei es un sistema de capitalización creado mediante la Ley N° 27.802 y reglamentado por el Decreto 408/2026 que permite financiar el pago de indemnizaciones por despido a través de cuentas específicas e inembargables.
Es decir que la medida del Gobierno Nacional otorga un «despido a costo cero» para las empresas, pero desata un bache financiero que asfixia el sistema de jubilaciones local y nacional.
Por eso uno de los visibles problemas de este «despido gratis» es que se va a pagar con la plata de la ANSES, ya que el nuevo sistema exige a las empresas aportar un 2,5% de los sueldos brutos en las PyMEs y un 1% en las grandes firmas. Sin embargo, la trampa detrás del FAL es que este aporte no representa un costo extra para los empresarios. El Gobierno les permite restar ese dinero directamente de las cargas patronales que antes iban a la ANSES.
En definitiva, se trata de un manotazo directo al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Las grandes empresas bajan su aporte previsional del 16% al 15%, mientras que las PyMEs caen del 13,5% al 11%.
A nivel macroeconómico, los especialistas estiman una pérdida neta para la ANSES de entre el 0,3% y el 0,46% del PBI, lo que significa un recorte del 6% de los recursos que el organismo recauda por la vía laboral. El dinero ya no va al sistema de reparto solidario para pagar las jubilaciones de hoy, sino que se privatiza en fondos de inversión para financiar futuros despidos.
Ahogo para la economía local
El impacto en el territorio juninense es crítico. Nuestra ciudad cuenta con unos 16.500 empleados privados registrados. Al quitarle un promedio del 2% a las cargas sociales de esa masa salarial para alimentar el FAL, el sistema previsional pierde de forma neta el equivalente a 330 sueldos enteros todos los meses.
Para tapar ese agujero fiscal bajo las nuevas reglas, Junín necesita generar de manera urgente más de 1.100 puestos de trabajo nuevos en blanco. Esto obliga a la economía local a hacer crecer el empleo registrado un 6,6% en el corto plazo. Los analistas gremiales advierten que esta meta es impracticable para el perfil comercial de la ciudad, compuesto casi en su totalidad por MiPyMEs y comercios de barrio que operan con márgenes financieros al límite.
Pagan los abuelos
El relato oficialista promete que abaratar el costo de despido impulsará un «blanqueo» masivo. Sin embargo, la realidad económica golpea de frente: si no se crean esos 1.100 puestos genuinos en la ciudad, el déficit previsional de Junín se ampliará y el bache lo terminarán pagando los abuelos con haberes de miseria o los trabajadores con más impuestos al consumo.
En resumen, el FAL de Milei desprotege la estabilidad laboral y rompe el contrato social: premia a las patronales dándoles vía libre para echar sin costos y traslada la factura a la caja de la seguridad social.
La dignidad de la clase trabajadora activa y el sustento de los jubilados que aportaron toda su vida no pueden ser la variable de ajuste para garantizar el negocio financiero de la desvinculación laboral.
(*) Abogado delegado regional del Ministerio de Trabajo bonaerense y asesor legal de la CGT Regional Junín
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