El miércoles último un segmento de la sociedad argentina se volcó a las calles. Estudiantes, docentes, trabajadores y actores sociales de distintos espacios y sectores marcharon a lo largo y ancho del país reclamando una universidad pública digna, con financiamiento y respeto por la ciencia.
Lo ocurrido, en Junín como en otras tantas ciudades, no debe leerse simplemente como un hecho más de protesta, sino como un claro posicionamiento respecto del rol de la educación superior.
Las manifestaciones en contra de los vetos presidenciales a una ley que busca garantizar recursos para las casas de altos estudios dan cuenta de un umbral peligroso que se ha cruzado, que afecta el normal desenvolvimiento de tareas en universidades hace casi ya dos años.
Pero hubo además en la protesta de esta semana un trasfondo, una dimensión simbólica que establece a la educación pública como un elemento de transmisión cultural, de formación profesional y de ascenso social en un país forjado a partir de las ideas, de la proyección del conocimiento y del trabajo conjunto.
En una coyuntura económica adversa para las mayorías, la movilización de esta semana representó a su vez un acto de resistencia, de responsabilidad y de compromiso.
El Estado, como tal, tiene la obligación de atender el reclamo. Pero también de reconocer que la inversión en educación y ciencia es una apuesta y una condición indispensable para la vida en democracia. Dejar de lado las necesidades de la universalidad pública significa renunciar a una idea de Nación que en nuestro país tiene una raigambre y un reconocimiento que excede ampliamente el interior de las aulas.
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