El Gobierno de la Nación había oficializado días pasados una medida largamente esperada por el sector agropecuario: la reducción y/o en algunos casos la eliminación temporal de las retenciones a las exportaciones. La decisión generó apenas horas después de haberse dado a conocer un debate profundo que atraviesa no solo lo económico sino también lo fiscal y lo político en un contexto pre electoral cargado de especulaciones y tensiones.
El argumento oficial que subyacía la medida giró en torno a la necesidad de liberar al sector productivo de cargas distorsivas, con la proyección de que mayores márgenes de ganancia estimularían la inversión, aumentarían los niveles de siembra y acelerarían el ingreso de “dólares frescos” tan necesarios en estos tiempos.
Sin embargo la lectura que hicieron productores y entidades intermedias lejos está de lo manifestado por el Gobierno de la Nación. Y las repercusiones tuvieron su correlato casi inmediato a través de una serie de comunicados y posicionamientos reclamando mayor grado de previsibilidad , subrayando el carácter “transitorio” de la medida, y entendiendo además que se benefició más a grandes exportadores que a pequeños y medianos establecimientos rurales.
En ese mismo lineamiento las instituciones dieron cuenta de la necesidad de un marco de certidumbre de largo plazo para evitar distorsiones y vaivenes en los niveles de inversión y producción del sector.
Argentina, dependiente de sus exportaciones agroindustriales, ha utilizado las retenciones como herramienta fiscal prácticamente a lo largo del último cuarto de siglo, sobre todo en época de crisis. Se ha caracterizado ésta por ser una política que ha estado cargada de cuestionamientos y rechazos. Y ahora puesta nuevamente en agenda a menos de un mes de las elecciones nacionales.
El campo es un actor clave para el desarrollo nacional. Pero para que ese desarrollo sea inclusivo y sustentable, debe estar contenido por una estrategia amplia que promueva el valor agregado, la diversificación productiva, el arraigo rural y una mejor distribución de la riqueza. Con reglas de juego claras y que se puedan sostener independientemente del color y la ideología de los gobiernos de turno.
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