En una entrevista concedida a NBC News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no tiene intenciones de buscar un tercer mandato en la Casa Blanca, algo que está explícitamente prohibido por la Constitución estadounidense. «Esto no es algo que esté buscando hacer», declaró Trump a Kristen Welker, moderadora del programa Meet the Press. «Estoy buscando tener cuatro grandes años y luego entregar el cargo a alguien, idealmente a un gran republicano, un gran republicano que siga adelante», añadió.
Trump, quien regresó a la presidencia el 20 de enero de este año, había aludido en ocasiones anteriores a la posibilidad de un tercer mandato.
En la misma entrevista, Trump abordó diversos temas de actualidad, incluyendo la guerra en Ucrania, la política comercial con China y la inmigración. Sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, Trump admitió que la paz, que prometió lograr en 24 horas, «tal vez no sea posible». «Hay un odio tremendo», explicó, refiriéndose a Volodímir Zelenski y Vladímir Putin. «Llevan tres años luchando intensamente». No obstante, Trump aseguró que aún existen «excelentes posibilidades de lograrlo».
En relación con la política comercial, Trump no descartó la posibilidad de que algunos aranceles impuestos a China se vuelvan permanentes. «He sido muy duro con China», admitió, «cortando efectivamente el comercio entre las dos principales economías mundiales». Sin embargo, afirmó que el gigante asiático ahora «quiere llegar a un acuerdo».
La declaración más controvertida de Trump durante la entrevista se produjo al abordar su plan de deportación de inmigrantes indocumentados. Ante la pregunta de si los ciudadanos estadounidenses tienen derecho al debido proceso garantizado por la Constitución, Trump respondió: «No lo sé. No soy abogado. No lo sé». Argumentó que tal requisito implicaría «un millón, dos millones, tres millones de juicios». Posteriormente, aclaró que sus abogados «obviamente seguirán lo que diga la Corte Suprema».
Esta declaración generó polémica, especialmente tras la decisión de la Corte Suprema del 19 de abril, que bloqueó temporalmente la deportación de un grupo de migrantes venezolanos acusados de pertenecer a pandillas criminales. La Administración Trump, que invocó una ley raramente utilizada en tiempos de guerra, ha instado a los jueces a revocar o limitar la orden.
