El martes que viene está previsto la firma del dictamen del proyecto que más alerta genera en la Casa Rosada.
Los bloques opositores de la Cámara de Diputados pusieron en marcha una nueva ofensiva contra el Gobierno al poner bajo tratamiento la media sanción del Senado del proyecto de ley que restringe la capacidad del Poder Ejecutivo de dictar medidas mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Luego de que en la última sesión la oposición aprobara un emplazamiento, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y Peticiones, Poderes y Reglamento, se reunió este martes para tratar las modificaciones al régimen de DNU, en tanto que el martes 30 de septiembre se pasará a la firma para que la iniciativa pueda ser votada en el recinto de inmediato.
La aceleración de la oposición respecto de este tema puso en guardia al Gobierno, que asiduamente echa mano a los DNU para ejecutar políticas en lugar de enviar proyectos de ley al Congreso, algo que está explícitamente prohibido por el artículo 99 de la Contitución (inciso 3).
El instituto especial de DNU fue diseñado en la reforma constitucional de 1994 con la intención de que los gobiernos de turno pudieran dar respuestas excepcionales en circunstancias extraordinarias que no pueden esperar los tiempos institucionales del Congreso.
El problema es que todos los gobiernos, algunos más y otros menos, han hecho un uso discrecional y excesivo, usando esta herramienta cuando no existían razones de emergencia que lo ameritasen.
En el 2006, a instancias de un proyecto de la entonces senadora Cristina Kirchner, se aprobó la ley 26.122 que blindó los DNU presidenciales y dejó a la oposición de turno prácticamente sin capacidad para derogar los decretos.
La diputada de Unión por la Patria Mónica Litza recordó que “la ley que introdujo la entonces senadora Cristina Kirchner fue un avance importantísimo en el tratamiento de estos DNU”.
“Primero porque introduce un control legislativo de forma regular. Hasta ese momento cuando se discutían los DNU, tanto su aceptación como su rechazo, no habían plazos. Además se creó la comisión bicameral”, completó la massista, quien recordó que la ex presidenta “fue la que meno usó esta herramienta”.
“A casi 20 años de la ley 26.122 vemos que lo que debía ser una excepción y un control del presidencialismo se ha convertido lamentablemente en la regla, sobre todo para este Gobierno”, lamentó .
La ley vigente establece que con la aprobación de una sola cámara de Congreso el decreto queda en pie y quedan vigentes sus efectos jurídicos.
A la inversa, se necesita del rechazo de ambas cámaras para poder voltear decretos, algo que se logró en muy contadas ocasiones.
Con el Gobierno de Javier Milei esto empezó a ocurrir un poco más, pero realmente es muy difícil para cualquier oposición juntar mayorías en ambas cámaras del Congreso para tumbar decretos.
“Es muy difícil decirle que no al presidente y al Poder Ejecutivo de turno que tiene muchas herramienta de persuasión y de negociación sobre diputados y sobre sus mandantes los gobernadores. Por lo tanto, es muy difícil construir esos consensos y hay una desproporcionalidad entre el procedimiento de creación de leyes y el de los DNU”, enfatizó Litza.
La diputada opositora consideró que “a este gobierno no le gustan los consensos” y “prefiere hacerle un bypass al Congreso y gobernar mediante DNU y mediante vetos”.
“Es lo que vimos en el último tiempo y creemos que debemos hacer todo lo posible para lograr la modificación de este instrumento mal usado por el Gobierno nacional”, remató.
Con la ley propuesta por el Senado bastaría con el rechazo de una sola cámara para anular el decreto.
Pero además todo DNU tiene 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para lograr su convalidación en el Congreso, caso contrario pierde su validez y efecto jurídico.
A su vez, la iniciativa dispone que «rechazado un DNU o de delegación legislativa el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario”.
Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda Christian “Chipi” Castillo cuestionó la existencia misma de los DNU y los definió como atributos “bonapartistas” asemejables a los de un rey sin corona».
“La ley que formuló Cristina Kichner en el 2006 hace más fácil la aprobación de un DNU que una ley”, recordó, y agregó: “Tenemos un agravante: un gobierno que ha hecho una suerte de reforma constitucional de hecho con un DNU a todas luces anticonstitucional como el DNU 70/23”.
“A mi entender la ley que rige actualmente es anticonstitucional porque reduce al Congreso a prácticamente la nada. Es necesario el tratamiento de esto, independientemente de que nuestra posición e estar en contra de (la existencia de) los DNU”, aclaró.
El referente del PTS afirmó que “lo que le dieron facultades delegadas a este gobierno no se autocriticaron” y “tienen que ”hacerse cargo» porque “este gobierno ha hecho desastres con esos decretos delegados”.
“Es una necesidad inmediata que no siga rigiendo esta inconstitucional ley que rige los DNU porque este Gobierno ha dado suficientes muestras de que su decisión es gobernar en contra del pueblo, a decreto limpio, a veto limpio, y a comprar votos cuando no le alcanza como con (el ex senador Edgardo) Kueider, que lo compraron con 200 mil dólares”, aseveró.
A su turno, la diputada nacional del PRO Patricia Vásquez criticó con dureza “la hipocresía” del kirchnerismo por impulsar ahora la modificación del régimen de DNUs cuando durante años lo defendieron por conveniencia política.
“Parece que la intenciones que hoy se tienen no se tuvieron en otro momento respecto de la misma ley y misma inconstitucionalidad», se quejó.
La legisladora cercana a Patricia Bullrich recordó que el ex presidente Alberto Fernández había dictado 178 DNU y “nos encerró ocho meses con esos decretos”, y en esa época el peronismo no puso ningún reparo a que eso ocurriera.
“Si ustedes estuvieran en el Gobierno, querrían tener el mismo libertinaje que tuvieron con los DNU y también con los decretos delegados”, lanzó.
Por último, Vásquez acusó a la oposición de querer “limitar la posibilidades constitucionales e institucionales que tiene un Poder Ejecutivo y un presidente democráticamente electo”.
“No les importa la seguridad jurídica o la constitucionalidad de la ley”, remató.
Silvia Lospennato introdujo un matiz distinto al de su compañera de bancada, al indicar que si desde el PRO históricamente se defendió una postura contraria al actual régimen de DNU, no hay razones para cambiar ahora, por lo que adelantó su apoyo al proyecto de ley que preocupa en la Casa Rosada.
“Celebro que el sector político que propuso esta ley hoy admita que es anticonstitucional. Porque el PRO viene sosteniendo que esta ley es anticonstitucional desde el primer día, en el 2006”, evocó.
“Cuando algunos están en el Gobierno, promueven normas como ésta que es anticonstitucional pero lo favorecen y cuando están en la oposición la quieren cambiar. Esto no es privativo de una fuerza política, lamentablemente todos lo promueven”, admitió.
“Nosotros no podemos decir que porque otro es hipócrita, yo soy hipócrita, porque otro es incoherente yo soy incoherente”, señaló Lospennato, en lo que pareció un mensaje hacia quienes en su bloque están pensando en votar en contra del proyecto para no contrariar al Gobierno .
En ese sentido, dijo que va a ser “coherente”, sin por ello “comprar el republicanismo repentino de los que usaron y abusaron de esta ley durante tanto años”.
«Cuando nos votan, tienen que saber que vamos a defender la Constitución cuando nos convenga y cuando no nos convenga», concluyó.
