El proyecto de ley de financiamiento para 2026 que envió Axel Kicillof a la Legislatura incluye un pedido para tomar deuda por 3035 millones de dólares, con un fondo de fortalecimiento de inversión municipal, que se creará una vez aprobados esos recursos. La idea, resistida por algunos intendentes, es comprometer fondos pero justamente atados al financiamiento.
De esta manera, Kicillof espera comprometer el apoyo de los intendentes para colocar deuda por US$1990 millones, que se suman a otros US$1045 millones que ya había pedido en mayo último. De hecho, el artículo 1° faculta al Ejecutivo, a endeudarse hasta por esta última cifra, monto equivalente a los servicios de amortización de deuda pública del ejercicio 2025.
Mientras que el artículo 2° amplía la autorización de endeudamiento al sector público provincial hasta un monto equivalente a US$1.990 millones, con el objetivo de cancelar o renegociar deudas financieras o judiciales, mejorar el perfil de vencimientos, atender el déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos de inversión o programas sociales en curso o nuevos.
El artículo 3° crea, con cargo al endeudamiento previsto, el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal para el año que viene. Los municipios que adhieran podrán utilizar esos recursos exclusivamente para inversión, no para gastos corrientes. El 8% de los US$1.990 millones será destinado automáticamente al fondo, cuya distribución se realizará según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) de la Ley 10.559.
De este modo, el gobernador espera que los alcaldes -de todos los bloques políticos- instruyan a sus legisladores para levantar la mano y votar la Ley de Financiamiento, que fue separada del Presupuesto y la Ley Impositiva para facilitar su tratamiento. Pero hay un punto que hace ruido: es que si la Provincia se endeuda por menos, las comunas recibirán menos. Muchos intendentes quieren que los montos no estén atados a la toma de deuda y sean fijos.
La demanda de estos fondos para el Gobierno de Kicillof tiene como principal objetivo el pago de US$2.545 millones en conceptos de servicio de deuda que incluyen los 830 millones de dólares correspondientes a los bonos que deben pagarse en marzo y septiembre del próximo año.
