La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) emitió un duro informe técnico tras la publicación del Decreto 253/2026, advirtiendo que la medida no representa una «descentralización federal», sino el desmantelamiento sistemático del organismo.
Según el gremio, la delegación de rutas nacionales a nueve provincias es el tercer paso de un «tridente» de ajuste que dejará al Estado sin capacidad operativa y al usuario como la principal variable de ajuste económico.
El impacto en el bolsillo
El usuario como «variable de ajuste». El informe advierte que el decreto convierte al ciudadano en quien deberá financiar directamente la infraestructura. Al fragmentar la red nacional, cada provincia podrá establecer sus propios regímenes y tarifas, rompiendo la uniformidad tarifaria y encareciendo los costos logísticos que luego se trasladan al precio de alimentos y bienes básicos.
Trabajadores en alerta
Miles de puestos en riesgo FEPEVINA denuncian que el decreto no incluye ninguna cláusula de protección laboral ni garantías de estabilidad para los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Se estima que cientos de puestos están en riesgo directo en los distritos afectados, destacándose casos críticos como: Córdoba: cerca de 200 agentes permanentes en riesgo. Santa Fe: alrededor de 120 agentes. Río Negro y Mendoza: cerca de 170 puestos afectados por la transferencia de rutas clave y de montaña.
El gremio describe este proceso como un «vaciamiento por goteo»: al transferir los tramos, el personal queda sin funciones asignadas, facilitando desvinculaciones futuras sin el costo político de un despido masivo inicial.
La inviabilidad del modelo
«El abandono administrado». Los datos técnicos del informe revelan una paradoja financiera: el 60% de los tramos delegados no son rentables para el sector privado debido a su bajo volumen de tránsito (TMDA). Rutas en la Patagonia profunda o zonas cordilleranas, con menos de 500 vehículos diarios, son calificadas como de «viabilidad nula» para peajes puros. «Cuando el privado no aparezca por falta de negocio, la provincia devolverá una delegación vacía a un Estado que ya no tendrá ni el personal ni la maquinaria para mantenerla», advierte el documento.
Polémica
Un aspecto de alto impacto mediático es la inconsistencia en el Artículo 1 del decreto, que habilita a «personas humanas» a ser concesionarias de rutas nacionales, algo que contradice la Ley 17.520. Desde FEPEVINA denuncian que esto abre la puerta a operadores sin capital ni experiencia técnica demostrada, basándose puramente en contactos políticos.
Exigencias gremiales. Ante este escenario, la federación exige de manera inmediata:
Mesa de negociación obligatoria para acordar cláusulas de estabilidad laboral.
Cláusulas de absorción por parte de las provincias para el personal de la DNV.
Impugnación jurídica de la habilitación de personas humanas como concesionarias.
«No nos oponemos a que las rutas estén bien mantenidas; nos oponemos a que ‘federalismo’ sea sinónimo de ‘sin recursos’ y ‘eficiencia’ sea sinónimo de ‘sin trabajadores'», concluye el diagnóstico de FEPEVINA.
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