Elisa Carrió y Hernán Reyes, referentes de la Coalición Cívica, presentaron una denuncia penal contra la Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales (ACE Oncología) y al menos cinco laboratorios farmacéuticos por presuntas prácticas anticompetitivas y un desfalco al PAMI en la compra de medicamentos oncológicos durante 2023. Con la presentación judicial quedaron en la mira la entonces titular del organismo, Luana Volnovich, y los laboratorios Raffo, Bagó, Teva, Sirius, Novartis y Sanofi.
Según las declaraciones de Reyes, pudieron acreditar un millón de dólares de desfalco en solamente ocho medicamentos oncológicos que tomaron de muestra en operaciones de cinco laboratorios, donde el mismo medicamento se pagó hasta 14 veces más. El legislador denunció lo que calificó como “la mafia de los medicamentos”, asegurando que esta situación es solo “la punta del iceberg”.
El núcleo de la denuncia radica en la diferencia de precios detectada entre los medicamentos adquiridos por el sistema del Convenio Marco y las licitaciones públicas. Durante el 2023, el PAMI desembolsó $273 millones más de lo necesario al pagar precios significativamente superiores por medicamentos esenciales para tratamientos oncológicos. Los ejemplos mencionados incluyen el caso de un medicamento, como el anastrozol, vendido por un laboratorio a $13.192 por unidad bajo el Convenio Marco, mientras que en licitaciones públicas el mismo producto fue adquirido a $924.
