En medio de una serie de carteles amenazantes que aparecieron en escuelas de toda la provincia de Buenos Aires, las autoridades de educación y seguridad hicieron una reunión con gremios docentes para evaluar pasos a seguir. Y reforzaron, con un protocolo, los criterios de actuación frente a este tipo de hechos en establecimientos.
La reunión estuvo encabezada por Flavia Terigi, directora general de Cultura y Educación bonaerense, y Javier Alonso, el ministro de Seguridad. Y participaron representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), quienes llegaron con propuestas para abordar las “nuevas dificultades originadas en comunidades digitales que promueven acciones violentas”.
En ese sentido, propusieron que se realicen jornadas institucionales para analizar la problemática; que haya políticas de salud mental para niñas y jóvenes; formación para directivos y docentes y espacios de trabajo con las familias; talleres con estudiantes; y que se convoque a la interministerial provincial y a las intersectoriales distritales.
Desde Educación confirmaron que van a “impulsar la formación de las mesas intersectoriales” para abordar las situaciones conflictivas o violentas que ocurren en el ámbito escolar. También se comprometieron a promover “una reunión interministerial para coordinar acciones” y a seguir “monitoreando conjuntamente la situación”.
El texto establece que, ante la detección de mensajes que refieran a un posible tiroteo o a la presencia de armas, los establecimientos deben actuar con “celeridad” para priorizar el cuidado de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad educativa.
En el caso de amenazas, el personal debe dar aviso al equipo directivo, que a la vez informará a los inspectores de enseñanza y a las autoridades distritales y regionales. En paralelo, la Dirección del establecimiento deberá radicar la denuncia ante la fiscalía o dependencia judicial correspondiente para que se inicie una investigación.
El protocolo también aclara que, en una primera instancia, se debe evitar la identificación de estudiantes para garantizar sus derechos durante el proceso. Apuntan que aplica para mensajes con contenido amenazante identificados en inscripciones, cartelería u otros soportes digitales.
Si la situación es más extrema, con un estudiante exhibiendo un arma dentro de la escuela, el protocolo indica que siempre debe considerarse como si estuviera cargada. También señala que se debe intentar calmar al estudiante y dialogar con él, mientras otro adulto da aviso al 911.
Entre otras pautas, se recomienda procurar que el estudiante deje el arma en una superficie segura. “Si se tratara de un arma de fuego, pedirle que saque el dedo del gatillo, si esta es la situación. En tanto no entregue el arma, se deberá procurar que mantenga la calma hasta que llegue la fuerza pública”, detallan.
Remarcan que otras personas no deben manipular el arma. “Se designará a una persona adulta, quien se responsabilizará de cuidar el aula e impedir que alguien ingrese. Será la fuerza pública correspondiente la que deberá retirar el arma de la escuela”, agrega el plan, que cierra con que el estudiante implicado en el caso deberá quedar bajo custodia, con intervención de la familia y de la Justicia.
