El Plan Maestro Integral de la Cuenca del río Salado es una política de Estado que, desde 1997, se desarrolla conjuntamente entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Buenos Aires y desde ese momento cada jurisdicción ejecutó obras de manera ininterrumpida hasta diciembre de 2023.
Para planificar los trabajos a ejecutar, el curso del río fue dividido en cinco tramos: el I, II y III están finalizados; el IV se encuentra finalizado en sus etapas 1, 3 y 4 y paralizado en la etapa 2 por parte del actual Gobierno Nacional.
En ese sentido, el Tramo I tiene una extensión de 48 km, los trabajos comenzaron en 2004 y finalizaron en 2007, abarcando a los municipios de Castelli, Lezama y Pila; en tanto, el Tramo II, con 57 km de longitud, alcanzó a Lezama, Pila, Chascomús y Gral. Belgrano; inició en 2005 y culminó en 2008; y el el Tramo III empezó en 2011 y concluyó en 2017, recorriendo 118 km entre Gral. Belgrano, Gral. Paz, San Miguel del Monte y Chascomús.
El Tramo IV, que se divide en cuatro etapas y a su vez en subtramos, es el más extenso ya que abarca 212 km de longitud sobre el curso del río, entre la Laguna Las Flores y la desembocadura del Canal del Este de la Laguna de Bragado. Alcanza a los municipios de 25 de Mayo, Bragado, Chivilcoy, Alberti, San Miguel del Monte, Roque Pérez, Navarro y Lobos.
El financiamiento y la ejecución de las 4 etapas del tramo IV está a cargo del Gobierno Nacional, a excepción de la etapa 1B (que fue ejecutada y finalizada por la PBA a partir de un préstamo del Banco Mundial).
Las etapas 1 (1A y 1B), 3 y 4, que abarcan 179 km, fueron finalizadas durante la gestión 2019-2023 del ex Ministerio de Obras Públicas de la Nación; mientras que los subtramos A, B y C que conforman la etapa 2, con una longitud de 33,4 km, se iniciaron en mayo de 2023 y actualmente se encuentran neutralizados por falta de financiamiento del Gobierno Nacional.
El Gobierno Nacional financia estas obras a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, conformado por un porcentaje de la recaudación del Impuesto a los Combustibles. La Ley N° 23.966 establece que el 4,31% de lo recaudado debe destinarse específicamente al desarrollo de los proyectos de infraestructura de obras hídricas para la prevención y mitigación de los daños provocado por inundaciones, así como a la recuperación de tierras productivas, y la protección de la infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas.
Según el Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación, desde el 10/12/2023 este fondo recibió $271.743 millones para destinar a obras de infraestructura hídrica. En conclusión, las obras de los subtramos A, B y C de la etapa 2 del tramo IV del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado podrían ser ejecutadas y finalizadas a través del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, conformado por los fondos que el Gobierno Nacional recibió a través del Impuesto a los combustibles, pero que no fueron destinados a los fines que corresponden por ley.
La paralización de los trabajos ya lleva casi dos años lo cual produce consecuencias totalmente negativas para la provincia de Buenos Aires afectando aproximadamente 10.000 hectáreas del río que bordean la zona. De haberse mantenido el ritmo de ejecución previo, la obra del tramo 4 podría haberse finalizado durante 2024 y así se habría avanzado en la finalización de todo el plan.
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