Así como una huella dactilar o plantar han permitido si no esclarecer al menos ubicar en la escena del crimen a un presunto homicida, lo mismo sucede cuando se habla de marcas sobre la piel humana.
Y es precisamente la lesión producida por una mordedura, la que para los investigadores del asesinato de Miguel Ángel Latorraca, el 18 de enero de 2004, le agregó nombre y apellido al presunto delincuente.
Pero más allá de la identificación que los detectives que trabajaron en el hecho entienden se pudo demostrar, la justicia no entendió lo mismo y por eso a 19 años y con una causa que prescribió, nadie pagará ante la víctima, su familia y la sociedad por el homicidio.
UNA PUERTA SEMIABIERTA
La mañana de aquel caluroso domingo, vecinos de Avenida Aristóbulo del Valle entre Arias y Lebensohn fueron los primeros en preocuparse.
La puerta de acceso a la vivienda de Miguel estaba entreabierta y en el patio ubicado en la parte trasera, sentado y recostado sobre una maceta, su cuerpo ya sin vida.
Mucho se ha escrito de las irregularidades o torpezas cometidas desde un primer momento y entre las que se destaca la ausencia del fiscal que debía presentarse en la escena del crimen desde el primer minuto y recién llegó doce horas después.
A pesar de ello, tal vez la perspicacia del fotógrafo Rodolfo Álvarez, le acercó elementos al entonces titular de la DDI, Comisario Víctor Canosa.
Una toma de la espalda de Latorraca y una impresión dentaria producto de una mordida, con el correr de las semanas se transformaron en piezas claves.
Comenzaron a tallar entonces las consultas, tanto en Junín como en La Plata y la pregunta clave, “Si lo amplias, te consigo el negativo. La llevas a gigante y le tomamos muestras a los sospechosos”.
La ciencia forense y fundamentalmente la de peritos odontólogos –la Corte Suprema los tiene-, saben que una evidencia dental puede jugar un papel fundamental a la hora de identificar a un sujeto.
Y llegó la ampliación de la fotografía con la impresión en la espalda y que por un tiempo podía ver todo el que ingresaba en el despacho de Canosa ubicado en el primer piso del edificio de calle Quintana.
Los investigados eran muchos, entre 15 y 18 pero pudieron avanzar y se realizaron los moldes dentarios.
La impresión registrada en la víctima fue comparada y el resultado no dejaba dudas. Ocurre que la acción de los arcos dentarios contra una superficie sólida puede dar origen a impresiones que son únicas para cada individuo, como las huellas dactilares o las plantares.
Fue en definitiva lo que ocurrió, de entre 15 y 18 sospechosos, uno fue sindicado.
Los detectives habían alcanzado el objetivo, consideraban que el homicidio estaba esclarecido y más aun teniendo en cuenta que para entonces, el entonces joven de unos 23 años ya contaba con un historial de delitos cometidos perpetrados desde que era menor de edad.
Lo que aún es una incógnita es porqué la Justicia no actuó.
Los investigadores no bajaron los brazos y un año después se repetía la pericia. Como el presunto autor no había pisado el consultorio de un odontólogo, el resultado fue el mismo.
En el año 2009, el fiscal Marcelo Tuñón decidió cerrar la causa. Catorce años después, prescribió.
La muerte de Miguel Ángel Latorraca sigue siendo un homicidio impune en el historial de la ciudad. La pregunta es por qué. ¿No se pudo o no se quiso?
(Nota original publicada en LA VERDAD en 2018)
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