Mientras el Gobierno nacional avanza a todo vapor con la concesión por 30 años del dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), también denominada Hidrovía Paraná-Paraguay, un conjunto de organizaciones socioambientales, referentes de la cultura y sectores de la oposición empezó a coordinar acciones para frenar un proceso licitatorio que consideran «plagado de irregularidades» y que podría afectar el ecosistema fluvial más importante de Sudamérica.
Esta voz de resistencia creció con fuerza en los últimos días luego de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, diera a conocer un dictamen por el cual solicitó formalmente la impugnación del proceso licitatorio instrumentado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), luego de identificar una serie de anomalías.
En el documento se consigna que los peritos informáticos encontraron que el informe supuestamente atribuido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que el Gobierno Nacional presentó como aval respaldatorio «es apócrifo».
En el dictamen se advierte sobre la ausencia de estudios de impacto ambiental, incumplimiento del Acuerdo de Escazú (acceso a la información ambiental), falta de mecanismos de participación ciudadana y federal de las provincias ribereñas, objeciones sobre la fórmula de evaluación de las ofertas y sobre riesgos de direccionamiento del proceso en perjuicio de la sana competencia.
Con el dictamen de la Procuradoría, las organizaciones Naturaleza de Derechos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos radicaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Sebastián Casanello, con el objetivo de frenar el proceso licitatorio.
Estas acciones tienen lugar luego de que el Gobierno nacional comunicara a las empresas oferentes la finalización de la evaluación técnica de la licitación para la concesión, confirmando que las empresas Jan de Nul y DEME avanzarán a la instancia final del proceso.
“Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional. El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento transparente, competitivo y ajustado a la ley”, sostuvo el diputado nacional de Unión por la Patria Jorge Taiana, quien se puso al hombro la tarea de articular a los distintos sectores sociales y políticos comprometidos con la causa.
El rol de Taiana
El ex canciller y ex ministro de Defensa presentó tres proyectos de resolución con pedidos urgentes de suspensión del proceso licitatorio, y además juntó firmas de notables personalidades de la cultura y de la política para una solicitada, constató la Agencia Noticias Argentinas.
Otro paso clave se dio el martes pasado cuando Taiana encabezó una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados junto a legisladores del bloque Unión por la Patria, especialistas, representantes sindicales, activistas ambientales y referentes de organizaciones comprometidas con la defensa de la soberanía sobre el Río Paraná.
El encuentro tuvo como objetivo construir una agenda política, parlamentaria y social orientada a fortalecer la defensa de la Vía Navegable Troncal como una vía estratégica para el desarrollo económico, productivo y soberano de la Argentina.
Durante la reunión, los asistentes coincidieron en cuestionar la actual licitación de la Vía Navegable Troncal por la falta de transparencia, la ausencia de participación federal y las serias irregularidades en el proceso.
Defensa de los humedales
El problema excede cuestiones meramente técnicas vinculadas a la concesión del dragado y mantenimiento de la Hidrovía -que podrían tener consecuencias penales serias- y comprende dimensiones como la defensa de los ecosistemas de humedales en un corredor fluvial que recorre 3.442 kilómetros entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Además, por la Vía Navegable Troncal circulan buena parte de las exportaciones agroindustriales del continente, por lo que hacerse del control de los flujos comerciales le dará un poder económico enorme a la empresa concesionaria y a las corporaciones agroindustriales vinculadas al comercio de alimentos y otras mercancías en el Paraná.
Según sospechan organizaciones ambientalistas, la intención del Gobierno y de las empresas que buscan explotar la Hidrovía es profundizar el calado del canal navegable por encima de los niveles actuales.
En la actualidad, las profundidades máximas varían entre los 34 y 37 pies, que fueron los niveles fijados tras la primera privatización en los años 90.
La idea ahora sería llevar la profundidad de calado a los 44 pies de manera tal de permitir la navegación de buques de mayor porte.
Esta reconversión, denuncian, alterará de forma brutal la dinámica natural del río y podría alterar el sistema hidríco con consecuencias irreparables para los ecosistemas fluviales.
La hipótesis que manejan es que la ampliación del dragado reforzaría el escurrimiento del agua y eso desencadenaría el secado de bañados, lagunas y otro tipo de humedales.
El panorama sería desolador y crítico para quienes, por ejemplo, viven de la pesca como medio de subsistencia, y también para quienes desarrollan actividades como el turismo y la ganadería.
