El presidente de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Gonzalo Atanasof, denunció ante las Unidades Fiscales Especializadas de los Departamentos Judiciales de Lomas de Zamora, La Matanza y San Isidro, más de 300 sitios de apuestas ilegales.
La investigación se originó a partir de un operativo de ciberpatrullaje realizado por personal del Organismo, que permitió rastrear el funcionamiento de estas plataformas y detectar su modus operandi digital.
El comunicado de la entidad, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, destaca que una de las complejidades de este tipo de investigación radica en que los administradores de estos sitios “mudan constantemente sus dominios para evadir controles y hasta operan desde el exterior”.
“No estamos frente a simples administradores de páginas ilegales, sino ante una cadena delictiva organizada que blanquea dinero en el exterior, posee roles determinados, evaden impuestos y operan al margen de la ley”, afirmó Atanasof.
En las presentaciones no sólo se expone la existencia de estas plataformas clandestinas, sino que también se solicita avanzar en la identificación de sus responsables y administradores, con el objetivo de ampliar la imputación de delitos, dado que se presume la participación en maniobras de lavado de activos y evasión fiscal por parte de estas organizaciones.
Menores en riesgo
Atanasof sostuvo que uno de los ejes centrales de la denuncia es el acceso de menores a estas plataformas, por lo que, como medida preventiva y de urgencia, se solicitó al ENACOM el bloqueo inmediato de estos sitios, para impedir su ingreso y funcionamiento en todo el territorio nacional.
“No vale todo. Cuando hablamos de apuestas en adolescentes, debemos encarar el problema desde dos frentes: salud mental y seguridad. Hay que prevenir la ludopatía, pero también bloquear los sitios ilegales que no tienen controles por parte de nadie y permiten el acceso de menores de edad. Hoy los chicos están a un click de distancia porque estos casinos ilegales les permiten el acceso”, remarcó.
“Denunciar sitio por sitio es insuficiente. Necesitamos herramientas modernas para un delito moderno. Esta pelea no puede darla una sola jurisdicción: tiene que haber una política nacional coordinada”, concluyó.
