En el marco de los 50 años del golpe cívico-militar, el bloque de concejalas y concejales de Fuerza Patria expresó “su más enérgico repudio a la presencia en nuestra ciudad del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz”.
En un comunicado, los ediles plantearon que “lejos de representar los valores de una justicia independiente, Rosenkrantz fue designado por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri y ha sido una pieza clave en el armado de la persecución política y judicial contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, contribuyendo a la degradación del Estado de Derecho y al debilitamiento de la democracia”.
Agreagndo que “el accionar de este juez no solo ha sido determinante para vulnerar garantías constitucionales básicas, sino que además lo ubica como un claro representante de los intereses de las corporaciones económicas, con fallos que sistemáticamente han favorecido al poder empresarial en detrimento de los derechos conquistados por los trabajadores”.
Asimismo expresaron que “en ese sentido, resulta grave que Rosenkrantz haya votado en causas vinculadas a empresas clientes del estudio jurídico que integró junto a Gabriel Bouzat, sin excusarse, lo que pone en duda su imparcialidad y compromete la ética judicial. A su vez, participó en decisiones que beneficiaron a grandes contribuyentes al cuestionar resoluciones de la AFIP, evidenciando un posicionamiento reiterado en favor de los sectores de mayor poder económico”.
El comunicado recibido por Grupo La Verdad que lleva las firmas de Maia Leiva, Clara Bozzano, Gastón Bisio, Flavio Bojko, Fernando Burgos, Francina Sierra y Laura Tejo culmina señalando que “resulta imposible omitir que en 2017 votó a favor de aplicar el beneficio del “2×1” (Ley 24.390) a condenados por delitos de lesa humanidad, una decisión que generó un repudio masivo del pueblo argentino y que intentó beneficiar a quienes cometieron los crímenes más aberrantes de nuestra historia. La declaración de “Visitante Ilustre” no solo resulta inadmisible, sino que constituye una afrenta a la memoria, la verdad y la justicia, y un mensaje profundamente equivocado para una sociedad que aún sostiene las banderas de los derechos humanos. Junín no puede ser escenario de reconocimientos a quienes representan lo peor de la connivencia entre poder judicial y poder económico”.
Fuente: Fuerza Patria Junín
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