La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata revocó un fallo del Juzgado de Primera Instancia de Azul, hizo lugar a la demanda y declaró inválida la Tasa de Servicios Esenciales para quienes promovieron la acción judicial. Consideró que las ordenanzas que la instituyeron fueron sancionadas sin cumplir la mayoría constitucional requerida para la creación de tributos municipales.
Con este precedente jurisprudencial, el resto de las demandas promovidas contra esta tasa podría seguir la misma suerte. Para la Municipalidad queda la posibilidad de interponer recurso ante la Suprema Corte de la Provincia, aunque el fallo se basa en el propio criterio de este Tribunal en relación al cómputo de la mayoría para la validez de una ordenanza que crea un nuevo tributo, según informó días atrás el diario El Tiempo de Azul.
El fallo fue dictado el 27 de noviembre, y fue en el marco del juicio «Campagnolle, Juan Ignacio y otros c/ Municipalidad de Azul s/ Pretensión Declarativa de Certeza».
Azul: Tasa de Servicios Esenciales
La Tasa de Servicios Esenciales rigió únicamente para el año 2024, fue altamente controvertida y judicializada (además hubo manifestaciones de productores azuleños), y como en su momento informó Agencia DIB, los litigantes obtuvieron un fallo del juez que la reducía al 50%. Sin embargo, con este nuevo fallo, se deja sin efecto esa resolución de primera instancia y se debería dejar de exigir ese tributo a los que accionaron, e incluso reintegrar lo que eventualmente pudiera haberse cobrado.
Alcanzaba a cada hectárea de tierra con el equivalente a una fracción o un litro de gasoil, dependiendo de la explotación que estuviera siendo ejercida en el terreno. Se cobraba un 0,5, un 0,75 o 1 litro, según el campo esté destinado a la cría, a la producción mixta o a la agrícola, respectivamente, de acuerdo con el sitio Palabras del Derecho.
La tasa en cuestión se establecía por la prestación de los servicios de salud, educación, deporte, inclusión de la discapacidad, cultura, esparcimiento y transporte, y los servicios de ornato y señalética de calles, mantenimiento y conservación de plazas, paseos y parques infantiles; y su monto se determinaba: a) para los inmuebles urbanos, en una cantidad fija de litros de gasoil común (valor surtidor YPF) por unidad inmobiliaria urbana; y b) para los inmuebles rurales, en cambio, en una cantidad de litros del mismo combustible por cada hectárea del inmueble correspondiente.
La demanda de los productores rurales
Según recuerda diario El Tiempo, la demanda fue promovida por Juan Rafael Barrera, Juan Ignacio Campagnolle, María Laila Gazzola, Andrea Campagnolle, José Ricardo Garín, La Tomassa Agroganadera SCA, Las Cortaderas Agropecuaria SA, María Theresa Piazza y Miguel Romat, con el patrocinio del doctor Marcos Alfonso Comparato, el 4 de septiembre de 2024. Se trata de una acción declarativa de certeza, con el objeto de obtener un pronunciamiento que declare la inaplicabilidad, respecto de su situación, del Código Tributario del Partido de Azul (Ordenanza N° 4909/2023) y de la Ordenanza Impositiva N°4910/2023 en cuanto instituyeron la Tasa por Servicios Esenciales (TSE) para el ejercicio 2024.
En la demanda se plantearon cuestiones formales, como la del cómputo de las mayorías necesarias para aprobar el tributo, como también otras cuestiones sustanciales, referidas a la contraprestación por la tasa, su proporcionalidad, su carácter confiscatorio, cuestiones todas estas que no fueron abordadas por la Cámara. Es que al tratar la cuestión formal y declarar la invalidez de la Ordenanza, no necesitó adentrarse a considerar el resto de las cuestiones.
La sentencia de la Alzada dice que «el Juzgado de origen, al emitir su decisión, desestimó la tacha formal, por considerar que la Asamblea sesionó válidamente (quórum de 18 concejales y 15 mayores contribuyentes) y que la Ordenanza fue aprobada con 17 votos afirmativos sobre 33 presentes, mayoría que juzgó suficiente a tales fines. En cuanto al fondo, hizo lugar parcialmente a la demanda y declaró la ilegitimidad e inexigibilidad de la TSE respecto de los inmuebles rurales en la proporción que excede el 50% de lo liquidado, con costas por su orden».
No obstante, la Cámara entiende que «la correcta inteligencia del artículo 193 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y, en particular, a su inciso 2°, que exige para toda creación o aumento de tributos la ‘mayoría absoluta de votos’ de una asamblea compuesta por los miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes». Y agrega: «Cuando la Constitución provincial quiere tomar en cuenta a los ‘miembros presentes’ se refiere a ello de modo expreso. Así el artículo 114 dispone que ‘todos los nombramientos que se defieren a la Asamblea General deberán hacerse por mayoría absoluta de los miembros presentes’.
«Ahora bien, y tal como explicitó la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, el ordenamiento agrava ese umbral decisorio en supuestos de particular trascendencia institucional y/o por la especial naturaleza de los derechos en juego (v.gr. arts. 67 inc. 2° y 175). Entre ellos, y en lo que aquí interesa, se encuentra la materia tributaria: el art. 193 inc. 2° de la Constitución provincial demanda que todo aumento o creación de tributos sea ‘sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea’ compuesta por miembros del Concejo Deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales. La fórmula no se satisface, en este caso, con la mera mayoría de los presentes; por el contrario, conforme la doctrina legal citada del Superior Tribunal, la expresión ‘mayoría absoluta de votos’ debe entenderse como mayoría absoluta del total de miembros de la Asamblea, en tanto -en términos de la Corte- «con la palabra ‘votos’ el constituyente hace referencia a miembros».
Así, también, se consagra un criterio interpretativo de la mayoría requerida para establecer nuevos tributos, que deberá ser tomado en cuenta para casos futuros.
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