Un proyecto para “blindar” las empresas públicas de la provincia contra eventuales privatizaciones obtuvo hoy dictamen en la Comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados, impulsado por el kirchnerismo pero con apoyo de la UCR, Nuevos Aires y Unión y Libertad.
Se trata de una iniciativa que presentó la camporista Mayte Alvado, por el cual se establece que cualquier cambio en el control de las compañías estatales deba ser aprobado por una ley que requiera una mayoría especial de dos tercios de los miembros de la cámara y no con mayoría simple, como ocurre en la actualidad.
Además, expone que esas propuestas deberán estar “razonablemente fundamentadas”, como así también “demostrar la verosimilitud de la necesidad de reducción en la participación, y respetar el interés público provincial y el bienestar general de la población”.
El proyecto de Alvado obtuvo el respaldo de ocho diputados, de Unión por la Patria, la UCR, Nuevos Aires, Union y Libertad y Hechos, mientras que los tres votos negativos los aportaron los representantes de La Libertad Avanza y PRO, quienes emitieron, en conjunto, un dictamen de minoría.
El objetivo de la iniciativa tiene contexto electoral: si el año que viene una opción liberal -o libertaria- gana las elecciones en la provincia, podría intentar una política de privatizaciones como la que impulsa Javier Milei a nivel nacional. El estado controla hoy en la provincia ABSA, la empresa de agua y seneamientos, AUBASA, que tiene a su cargo las autopistas 2 y Buenos Aires-La Plata y Bagsa, que gestiona redes de gas natural en pequeñas localidades.
“Permitir cambios frecuentes e impulsivos en la producción y prestación de estas empresas, socava la calidad y accesibilidad de los mismos, además de minar la confianza en las capacidades del estado provincial. La estabilidad en la gestión y producción es fundamental para planificar inversiones a largo plazo, mejorar la infraestructura y garantizar la continuidad del acceso equitativo”, señaló la diputada al fundamenta su inicativa.
Por otro lado, la legisladora expuso que la fusión entre participación activa del Estado y de privados garantiza que estos bienes y servicios se brinden “de manera eficiente y equitativa” y, para ejemplificar, focalizó en el caso de YPF a nivel nacional, al señalar que es el Estado el que “tiene la capacidad de supervisar y regular las operaciones de estas empresas, asegurando altos estándares de calidad y accesibilidad para los bonaerenses”.
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