Este tipo de decisiones reflejan un giro en la política exterior argentina, con un enfoque que se aparta de las posturas tradicionales de apoyo a los derechos humanos y a los consensos internacionales.
Argentina se aisló nuevamente en el ámbito internacional al ser el único país en votar en contra de una resolución de la Organización de Naciones Unidas (ONU) destinada a prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. La postura del gobierno de Javier Milei contrasta con la de Estados Unidos e Israel, quienes, aunque aliados cercanos, se alinearon con el resto de los países que apoyaron la resolución.
La votación, que tuvo lugar el pasado lunes, mostró a Argentina en una posición solitaria. El proyecto, que busca ratificar compromisos globales para combatir la violencia de género, fue respaldado por una amplia mayoría, mientras que naciones como Irán, Belarus, Burundi, Camerún, Corea del Norte, Libia, Mali, Rusia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Senegal y Siria optaron por abstenerse. Otros países, como Afganistán, Azerbaiyán, Benín, Dominica, Madagascar, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Sudán del Sur y Venezuela, decidieron no participar en la votación.
¿Por qué Argentina no firmó?
El texto de la resolución, que Milei rechazó firmar, remarca que «los Estados tienen la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales». Además, establece que la discriminación basada en el sexo es contraria a la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y varios tratados internacionales clave, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. En su núcleo, la resolución reafirma el compromiso de «eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la violencia sexual, la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación».
Según las últimas estadísticas de la ONU, la violencia de género es una «crisis urgente». En 2023, la organización reportó que cada 10 minutos hubo un femicidio relacionado con violencia intrafamiliar. Además, una de cada tres mujeres experimenta violencia en su vida, y las niñas y adolescentes están particularmente en riesgo: «Una de cada cuatro adolescentes es abusada por su pareja», alertó la ONU.
Este voto en contra de la resolución de la ONU no es un hecho aislado. En octubre, Argentina también se posicionó en solitario al rechazar una resolución sobre los derechos de los pueblos originarios. Este documento, impulsado por países como Bolivia, México y Venezuela, reafirmaba los derechos de las comunidades indígenas en áreas clave como el acceso a la justicia y la protección frente a los efectos del cambio climático.
El rechazo argentino se produce en un contexto en el que el presidente Milei ha manifestado su postura contra diversas iniciativas internacionales. En particular, hace algunas semanas criticó abiertamente la Agenda 2030, calificándola como un «programa de gobierno supranacional de corte socialista» que «atenta contra la soberanía del Estado nación» y «violenta el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas».
Este tipo de decisiones reflejan un giro en la política exterior argentina, con un enfoque que se aparta de las posturas tradicionales de apoyo a los derechos humanos y a los consensos internacionales. El rechazo a la resolución sobre violencia de género, sumado a otros episodios de aislamiento diplomático, pone en evidencia el rumbo en solitario que está tomando el gobierno de Milei en el ámbito de la política internacional.
